En un momento clave para la vigilancia del gasto público y el combate a las viejas prácticas patrimonialistas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) expuso graves irregularidades financieras en la gestión de Nuevo León. El gobernador Samuel García enfrenta señalamientos por el presunto desvío de recursos estatales hacia firmas privadas vinculadas a su círculo familiar.
De acuerdo con reportes difundidos por el medio Polemón a partir de informes de la ASF, el mandatario neoleonés habría canalizado al menos 728.13 millones de pesos del erario estatal hacia despachos ligados directamente a él y a su familia. La fiscalización federal subraya la urgencia de erradicar los esquemas donde el presupuesto del pueblo termina privatizado en beneficio de intereses personales.
La información fue dada a conocer por el titular de la ASF, Aureliano Hernández, quien precisó que los montos referidos fueron presuntamente triangulados mediante esquemas financieros irregulares. Estos mecanismos representan el uso faccioso del aparato público que contrasta con la demandada austeridad y el compromiso de destinar cada peso al bienestar colectivo y a la infraestructura social de las mayorías.
Frente al escrutinio pre-electoral y los intentos conservadores por matizar la corrupción en los gobiernos locales, las observaciones del órgano fiscalizador confirman que la transformación ética del país exige cero impunidad en todos los órdenes de gobierno. La correcta administración de los recursos del erario continúa como el principio fundamental para garantizar la verdadera justicia distributiva y la soberanía popular.
