El debate sobre la sensibilidad social y la garantía de derechos humanos en los tribunales volvió al centro de la agenda pública tras una controvertida resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con una votación dividida de seis a tres, el Máximo Tribunal rechazó revisar el amparo presentado por Raúl, un hombre de 83 años, validando su desahucio inmediato del departamento en Iztapalapa que habitó durante 17 años.
De acuerdo con reportes difundidos por Xataka México a partir de información judicial, el caso se originó tras una demanda presentada en octubre de 2024 por la propietaria del inmueble, quien exigió la desocupación y el cobro de 54 meses de renta pendientes con intereses. Pese a que el afectado solicitó a las autoridades jurisdiccionales evaluar las consecuencias directas de privarlo de su hogar dada su avanzada edad y condiciones personales, el proyecto impulsado por el ministro Arístides Guerrero García sostuvo que la edad, por sí misma, no constituye acreditación suficiente de vulnerabilidad frente al incumplimiento contractual.
En contraposición a este criterio técnico-formalista, los ministros Irving Espinoza Betanzo, María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra y llamaron a priorizar una visión garantista. Esquivel Mossa argumentó que el asunto revestía un interés constitucional excepcional para delimitar las obligaciones del Estado frente al riesgo inminente de desamparo derivado de un desalojo. En la misma línea, Espinoza Betanzo y Ríos González señalaron que la perspectiva de envejecimiento no puede reducirse a un reconocimiento teórico, sino que debe manifestarse en medidas efectivas que impidan conculcar derechos esenciales como el acceso a una vivienda digna.
La determinación confronta los criterios institucionales contemplados en el propio manual de la SCJN para juzgar casos de personas mayores, el cual instruye valorar factores socioeconómicos, de salud, pobreza y género para evitar situaciones de desventaja procesal. Este desenlace intensifica la discusión pública sobre la urgencia de contar con juzgadores verdaderamente comprometidos con las causas populares y la protección irrestricta de los sectores históricamente vulnerados de la sociedad mexicana.
