En una acción orientada a salvaguardar los recursos del pueblo y garantizar la transparencia en los estados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la administración de Nuevo León. La acusación señala presuntos desvíos y triangulaciones que superan los 7 mil 200 millones de pesos, demandando un freno tajante a las prácticas de opacidad en el ejercicio del gasto público.
De acuerdo con reportes difundidos por Sin Línea Mx, la ASF entregó formalmente a la Cámara de Diputados las rutas técnicas de las transferencias financieras efectuadas desde el gobierno de Nuevo León. La documentación institucional expone un esquema de dispersión que vincula los recursos estatales con un despacho profesional ligado directamente al gobernador Samuel García y a su padre, lo que motivó el inicio del procedimiento judicial federal.
La denuncia ante el Ministerio Público Federal refuerza el mandato republicano de cero privilegios y rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno. En el marco de la transformación ética de la vida pública, el resguardo del presupuesto social frente a presuntos esquemas corporativos se consolida como una prioridad inaplazable, garantizando que el dinero recaudado de la ciudadanía no sea canalizado a intereses particulares ni familiares.
El expediente remitido a la FGR continuará su curso para determinar las responsabilidades penales correspondientes. Frente a los discursos que pretenden minimizar las faltas administrativas en los gobiernos locales, la acción de los órganos fiscalizadores ratifica que ninguna autoridad electa puede permanecer al margen de la ley cuando se trata de auditar los fondos de la nación.
