El posible regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha encendido las alarmas sobre el flujo de armas hacia México. Exagentes de la DEA alertan que la flexibilización de las leyes armamentísticas bajo una nueva administración republicana podría beneficiar directamente a los cárteles mexicanos.

Las políticas sobre armas de fuego en Estados Unidos han sido objeto de intenso debate, especialmente en su relación con la violencia en México. Activistas y expertos en seguridad fronteriza han expresado su preocupación ante la posibilidad de que la flexibilización de los controles federales sobre la venta, exportación y regulación de armas de fuego, impulsada desde enero de 2025, exacerbe el problema del tráfico ilícito hacia el sur.

Según declaraciones de un ex agente de la DEA, el gobierno de Donald Trump ha implementado medidas que debilitan los esfuerzos para rastrear y detener el flujo de armas que terminan en manos de organizaciones criminales mexicanas. Entre estas medidas se incluyen recortes de personal en las unidades dedicadas a investigar delitos relacionados con armas, lo que dificulta el seguimiento de las rutas de tráfico y la identificación de los responsables.

La preocupación radica en que una menor supervisión y control en la venta de armas en Estados Unidos facilitaría a los cárteles mexicanos el acceso a armamento de alto calibre, fortaleciendo su capacidad operativa y alimentando la violencia en el país. Este escenario, advierten los expertos, podría desestabilizar aún más la región fronteriza y socavar los esfuerzos conjuntos para combatir el crimen organizado.