La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se enfrenta a un dilema crucial: determinar si es constitucional negar el acceso a estímulos del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) a académicos de instituciones privadas sin convenio con el gobierno federal. La decisión podría redefinir el panorama del apoyo a la investigación en el sector privado.

Más de veinte juicios de amparo, promovidos por decenas de académicos, incluyendo al ministro Giovanni Figueroa Mejía, han llegado a la SCJN cuestionando la restricción impuesta al acceso a los estímulos del SNII para investigadores de instituciones privadas que no cuenten con un convenio formal con el gobierno federal. Los demandantes argumentan que esta limitación discrimina y obstaculiza el desarrollo de la investigación científica en el ámbito privado, afectando la competitividad y el avance del conocimiento.

La SCJN deberá analizar si esta distinción entre investigadores de instituciones públicas y privadas es justificada y proporcional, o si constituye una violación al principio de igualdad y al derecho a la investigación científica. El análisis jurídico se centra en la interpretación de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como en los criterios jurisprudenciales relacionados con la igualdad de acceso a oportunidades y el fomento de la investigación.

La resolución de la Corte tendrá un impacto significativo en el ecosistema de la investigación en México. Una decisión favorable a los demandantes podría abrir la puerta a un mayor acceso a financiamiento y estímulos para investigadores del sector privado, impulsando la innovación y el desarrollo tecnológico. Por el contrario, mantener la restricción podría consolidar una brecha entre la investigación pública y privada, limitando el potencial de crecimiento del sector académico en instituciones no gubernamentales.