La relación entre México y Cuba vuelve a ser foco de controversia. Figuras del exilio cubano, apoyadas por sectores de la derecha mexicana, y legisladores estadounidenses críticos de la isla, ejercen presión sobre la administración de la 4T.

La reciente visita a México de Rosa María Payá, activista cubana y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha reactivado el debate sobre la postura del gobierno mexicano hacia Cuba. Esta visita, percibida por algunos sectores como una injerencia, se suma a los constantes señalamientos del Congresista republicano Carlos Antonio Giménez, quien ha criticado duramente al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum por su cercanía con el régimen cubano.

Las acciones de Payá y Giménez, respaldadas por ciertos grupos políticos de la ultraderecha mexicana, buscan influir en la política exterior de México, instando a una postura más crítica y distante con el gobierno de Miguel Díaz-Canel. La estrategia parece enfocarse en exponer lo que consideran una complacencia de la 4T hacia un régimen autoritario, argumentando que esto contraviene los principios democráticos y los derechos humanos.

La situación plantea un desafío para el gobierno mexicano, que históricamente ha mantenido una política de no injerencia y solidaridad con Cuba. La administración de Sheinbaum se enfrenta ahora a la presión interna y externa para reconsiderar su postura, equilibrando las relaciones bilaterales con las demandas de transparencia y respeto a los derechos humanos en la isla.