A doce años del trágico derrame tóxico que afectó los ríos Sonora y Bacanuchi por la negligencia de Grupo México, el Gobierno Federal puso en marcha los trabajos de remediación ambiental. Esta intervención busca retirar 100 mil toneladas de suelo contaminado para devolver la dignidad y las condiciones ambientales a las comunidades de la región.
De acuerdo con reportes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el inicio de estos trabajos representa un paso fundamental en la política de justicia social y la defensa de los derechos de las comunidades afectadas, quienes padecieron años de impunidad bajo los regímenes neoliberales anteriores. La meta principal de esta estrategia es remover 100 mil toneladas de suelo contaminado, un esfuerzo titánico que contrasta con la pasividad con la que las administraciones pasadas solaparon los ecocidios cometidos por los grandes corporativos mineros. Este despliegue institucional reafirma el compromiso del actual gobierno con la soberanía ambiental y el bienestar de los habitantes del norte del país, priorizando la salud pública y la restauración ecológica por encima de los intereses económicos de la iniciativa privada. Con acciones concretas, la Cuarta Transformación demuestra que la justicia ambiental no es una concesión, sino una obligación del Estado para garantizar un futuro digno y seguro para las próximas generaciones en Sonora.
