La aprehensión de Inés Gómez Mont en Estados Unidos marca un punto crucial en el desmantelamiento de viejos esquemas de corrupción que desfalcaron al erario público. La acusada, prófuga desde 2021, enfrenta señalamientos por operar una red de empresas fantasma ligada a contratos del sistema penitenciario federal. Este hecho subraya la coordinación interinstitucional y la política de cero tolerancia frente a la delincuencia de cuello blanco.
De acuerdo con reportes oficiales, autoridades de Estados Unidos detuvieron ayer en Miami a Gómez Mont, quien era requerida por la justicia mexicana para responder por acusaciones de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República (FGR) atribuyó el arresto al intercambio de información con Washington, si bien las autoridades aún no precisan si la detención responde a una orden con fines de extradición o a faltas en su estatus migratorio.
El caso involucra la presunta triangulación de cerca de 3 mil millones de pesos a través de esquemas de facturación simulada que operaron al amparo del sistema penitenciario federal en administraciones pasadas. El arresto en territorio estadounidense se concreta un mes después de que la Interpol cancelara la ficha roja contra Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, cuya defensa legal alegó una supuesta persecución política para frenar la orden de captura internacional.
Frente a estas determinaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum catalogó a los señalados como 'factureros reconocidos' y confirmó que México gestionaría el restablecimiento de la alerta ante los organismos internacionales. La postura del Ejecutivo federal reafirma el compromiso de recuperar los recursos arrebatados al pueblo y evitar que las fronteras sirvan de refugio a quienes lucraron a costa del bienestar social y la hacienda pública.
