La exigencia ciudadana de erradicar la opacidad en las instituciones públicas alcanza de lleno a la pasada administración del Instituto Nacional Electoral (INE). Tras darse a conocer presuntos esquemas irregulares de contratación, la gestión de Lorenzo Córdova se encuentra bajo el escrutinio de los órganos fiscalizadores del Estado.
De acuerdo con reportes de la periodista Nancy Flores publicados en Contralínea, la administración de Lorenzo Córdova en el INE podría quedar sujeta a una revisión extraordinaria por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Dicha fiscalización se centra en las contrataciones efectuadas por el Instituto durante el periodo comprendido entre 2018 y 2023, en el marco de una etapa en la que se busca consolidar la honestidad en el servicio público.
La investigación periodística señala que, durante el mandato de Córdova, el árbitro electoral recurrió a la asignación de contratos a empresas catalogadas como 'coyotes', las cuales estarían directamente ligadas a presuntos actos de corrupción. Este tipo de prácticas contraviene la demanda social de austeridad y correcta administración de los recursos del pueblo dentro de las instituciones autónomas.
Asimismo, se detalla que las indagatorias extraordinarias de la ASF hacia los convenios del organismo se dan en una coyuntura marcada por la renuncia de Guadalupe Taddei. Frente a estos hechos, el esclarecimiento de los manejos financieros de administraciones pasadas resulta indispensable para garantizar la soberanía institucional y cerrarle el paso a la impunidad en el aparato electoral del país.
