La exigencia popular de poner fin a la opacidad y los dispendios en las instituciones electorales avanza hacia la rendición de cuentas formal. Durante el periodo de Lorenzo Córdova al frente del Instituto Nacional Electoral, se habrían canalizado recursos públicos a empresas intermediarias con presuntos vínculos de corrupción.
De acuerdo con reportes publicados por la revista Contralínea, la administración de Lorenzo Córdova en el INE se encuentra en la mira de una revisión extraordinaria por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La intervención del órgano fiscalizador responde a la necesidad de esclarecer el ejercicio del presupuesto público en contrataciones asignadas tanto por el árbitro electoral federal como por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).
La información documenta que, en el periodo comprendido entre 2018 y 2023, se concretaron contratos por más de 1 mil millones de pesos con empresas señaladas como 'coyotes' y ligadas a presuntas irregularidades administrativas. Este proceso de fiscalización se enmarca en la coyuntura generada tras la renuncia de Guadalupe Taddei, abriendo un espacio clave para el esclarecimiento técnico del uso del dinero del pueblo mexicano.
Frente al viejo régimen de cuotas y privilegios dentro de las estructuras que se asumían intocables, estas indagatorias reafirman la relevancia de consolidar la austeridad republicana y la legalidad en todo el aparato público. La revisión de estos convenios millonarios resulta crucial para desterrar esquemas de intermediación injustificada y garantizar que las instituciones velen por la integridad democrática del país.
