México ha enfrentado cinco quejas de Estados Unidos por presuntas violaciones al Tratado de Libre Comercio firmado entre ambos países y Canadá (T-MEC), el 1 de julio de 2020.
Las cinco quejas son por temas laborales en la industria automotriz que se resolvieron gracias al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, recurso para resolver diferencias entre los países firmantes.
Lo anterior, debido a que, entre otras cosas, el T-MEC busca garantizar buenas condiciones laborales, salariales y sindicales de los trabajadores mexicanos, con el fin de promover a inversionistas estadounidenses y canadienses.
General Motors
La primera confrontación entre los gobiernos de México y de EEUU se dio en mayo de 2021 cuando se anunció el inicio de un «curso de reparación» por presuntas violaciones laborales en la planta de General Motors, ubicada en Silao.
De acuerdo con la queja de Washington, se negó a los trabajadores el derecho de libre asociación y negociación colectiva, cuando se votó por el contrato colectivo a través del sindicato «Miguel López Trujillo» de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Tras solicitar la implementación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, se procedió a realizar un nuevo voto de 5.000 trabajadores, quienes finalmente decidieron adherirse a un contrato colectivo fuera del gremio de la CTM.
La resolución del conflicto fue anunciada en septiembre de 2021 por la Oficina de la Representante Comercial de EEUU (USTR, por sus siglas en inglés), con lo cual México evitó la imposición de aranceles de camionetas fabricadas en dicha planta.
Tridonex
La segunda polémica entre EEUU y México resuelta a través de los mecanismos del T-MEC estuvo relacionada también por violación a derechos laborales de los trabajadores de la planta Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas.
La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés) acusó a la empresa de no permitir a los trabajadores organizarse a través del sindicato independiente SNITIS, por lo cual presentaron una denuncia en conjunto con el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y Public Citizen’s Gloabl Trade Watch.
Aunque México consideró que la queja no estaba dentro del marco del T-MEC, a través del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida se determinó que Tridonex debía pagar más de 600.000 dólares en pagos atrasados a 154 trabajadores despedidos que solicitaron la creación del SNITIS.
Sería hasta marzo de 2022 cuando Katherine Tai, representa comercial de EEUU, reconociera que las elecciones sindicales de la firma se dieron de forma justa y segura.
Panasonic
La queja era contra el despido de 19 trabajadores que quisieron adherirse al SNIDIS y que además solicitaban un incremento salarial por arriba de los niveles de inflación de 9,5%.
El 14 de julio la Secretaría de Economía anunció que el conflicto se había resuelto, por lo cual los 19 trabajadores despedidos recuperaron su empleo, sus cuotas sindicales descontadas y pagos omitidos, además de concretarse el incremento de sueldo solicitado.
Teksid Hierro
La cuarta controversia resuelta a través de los mecanismos dispuestos por el T-MEC fue por el desconocimiento del sindicato Los Mineros, creado por los trabajadores de la planta Teksid Hierro ubicada en Frontera, en el estado de Coahuila.
Según la queja iniciada por EEUU, los trabajadores que desde 2014 luchaban por el reconocimiento de Los Mineros como sindicato independiente fueron despedidos precisamente por pertenecer a un grupo laboral independiente.
Tras el inicio del mecanismo de revisión, en julio de 2022 se informó que Teksid Hierro reconoció a Los Mineros como la asociación responsable de la negociación del contrato colectivo, con lo cual se evitó la resolución del conflicto ante un panel de disputas, también contemplado por el T-MEC.
VU Manufacturing
La más reciente controversia entre México y EEUU surgió en la fábrica de piezas para asientos de automóviles VU Manufacturing, ubicada en Piedras Negras, Coauhila, por presuntas violaciones laborales a los trabajadores.
La Liga Sindical Obrera Mexicana y el Comité Fronterizo de Obreras denunciaron que los trabajadores de dicha planta no podían organizarse de manera libre, ya que fueron amenazadas por la propia Confederación de Trabajadores de México (CTM).
Según información de La Jornada, los trabajadores denunciaron que la empresa intentó hacerlos firmar una especie de contrato colectivo, el cual incluía muchos beneficios como descuentos en tiendas y el pago de servicios, pero no incluía garantías laborales ni sindicales.
El pasado 29 de julio, la Secretaría de Economía informó que admitió la solicitud de revisión para implementar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.
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