A pesar de los progresos legislativos a nivel federal, la persistencia de vacíos legales en los códigos penales estatales perpetúa una realidad alarmante de desprotección para la infancia. Miles de niñas y adolescentes continúan expuestas a uniones tempranas debido a la falta de homologación jurídica y protocolos de actuación eficaces.
El marco legal mexicano enfrenta una profunda contradicción estructural que debilita la protección integral de la infancia y la adolescencia. Mientras que las instancias federales han avanzado en el reconocimiento y la prohibición de estas prácticas, la soberanía de los estados ha derivado en un mosaico de leyes heterogéneas. Esta fragmentación permite que subsistan resquicios jurídicos donde el matrimonio infantil y las uniones forzadas encuentran cobijo bajo la complacencia institucional.
Especialistas en derechos humanos señalan que la ausencia de protocolos estandarizados de intervención deja a las víctimas en una situación de extrema vulnerabilidad. Las fiscalías y los sistemas de protección estatal a menudo carecen de las herramientas o la capacitación necesaria para detectar, prevenir y sancionar de manera oportuna el abuso derivado de estas uniones, las cuales suelen estar normalizadas por contextos de pobreza y marginación.
Para revertir esta crisis humanitaria, urgencias desde el ámbito académico y civil exigen una armonización legislativa urgente en todo el territorio nacional. Sin una coordinación efectiva entre federación, estados y municipios, además de presupuestos etiquetados para la prevención, los avances en el papel seguirán siendo letra muerta para miles de menores en México.
