En un esfuerzo por erradicar la opacidad en el manejo de los recursos públicos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) actuó contra empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) por presuntas operaciones ilícitas. Sin embargo, determinaciones del Poder Judicial han detenido provisionalmente estas acciones de fiscalización.
De acuerdo con reportes del medio Contralínea, el extitular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer que diversas empresas señaladas por irregularidades en contratos celebrados con el INE fueron incorporadas formalmente a la lista de personas bloqueadas de la institución. La medida se tomó tras detectarse indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita en el flujo de capital de dichas firmas.
La intervención de la UIF responde a la política de cero impunidad y vigilancia estricta sobre el uso del presupuesto asignado a organismos autónomos, buscando cerrar el paso a esquemas financieros que pudieran vulnerar las arcas nacionales. La detección de irregularidades contractuales subraya la necesidad de transparentar exhaustivamente los recursos destinados a la logística y operación electoral en el país.
No obstante la gravedad de las acusaciones, Gómez Álvarez informó que diversos jueces federales concedieron suspensiones provisionales en beneficio de las compañías contratistas. Estas resoluciones impiden por el momento la inmovilización de las cuentas bancarias investigadas, poniendo de manifiesto la constante tensión entre los esfuerzos de fiscalización del Estado y los criterios aplicados por los juzgadores.
