El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, rechazó haber ordenado el uso de la fuerza contra manifestantes el pasado 11 de octubre. La protesta, motivada por la mala calidad del agua, concluyó con un operativo que afectó a grupos vulnerables frente a Casa Jalisco.
En un encuentro con medios de comunicación, el funcionario estatal se deslindó de los hechos ocurridos durante la manifestación ciudadana, donde se reportó el uso de la fuerza pública contra ciudadanos que se congregaron para exigir soluciones ante la crisis hídrica que afecta a diversas zonas de la entidad. La negativa de Hernández González generó incertidumbre sobre la cadena de mando durante las acciones de contención.
El operativo ha sido duramente cuestionado debido a la presencia de menores de edad, adultos mayores y mujeres en el lugar de los hechos, quienes fueron blanco de las tácticas de dispersión. Organizaciones civiles han señalado la falta de protocolos de seguridad adecuados y la desproporcionalidad en la respuesta de las autoridades ante una demanda social legítima.
Hasta el momento, no se ha aclarado qué instancia o mando operativo autorizó la intervención policial en las inmediaciones de la residencia oficial. La postura del titular de Seguridad mantiene abierta la interrogante sobre quién es el responsable de la cadena de mando que derivó en los incidentes del 11 de octubre.
