El gobierno mexicano mantiene un fuerte diferendo con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU desde hace seis meses. La controversia escaló en abril cuando el organismo propuso aplicar el artículo 34 de la Convención para llevar el caso ante la Asamblea General.
Durante los últimos seis meses, la relación entre el gobierno de México y el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha atravesado por un momento de tensión debido a un diferendo persistente. El conflicto cobró relevancia en abril pasado, cuando el organismo internacional, presidido por Juan Pablo Albán Alencastro, determinó que la gravedad del problema en el país amerita la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas.
La decisión del Comité se fundamenta en la evaluación de que las desapariciones forzadas en territorio mexicano se están encaminando hacia la tipificación de crímenes de lesa humanidad. Esta valoración implica un señalamiento de máxima gravedad a nivel internacional, lo que activaría los mecanismos para que la situación sea presentada directamente ante la Asamblea General de la ONU para su análisis y discusión global.
Esta confrontación diplomática y de derechos humanos pone bajo la lupa la estrategia y la capacidad del Estado mexicano para frenar y esclarecer este delito de impacto sistemático. Mientras el organismo internacional busca visibilizar la magnitud de la crisis mediante la vía multilateral, el gobierno federal enfrenta el reto de responder a las observaciones y evitar que el caso escale formalmente a la máxima tribuna de las Naciones Unidas.
