Con el propósito de salvaguardar el erario y erradicar las viejas prácticas de subcontratación en las instituciones comiciales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció una iniciativa para consolidar a Talleres Gráficos de México como una empresa estratégica del Estado. La medida apunta a que la papelería electoral sea producida de manera transparente y bajo estricta supervisión pública.
Durante su conferencia matutina Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que la próxima semana formalizará la propuesta para dotar a Talleres Gráficos de México de un consejo de administración y esquemas de supervisión externa. El objetivo central consiste en revertir la concentración de contratos de papelería que favoreció a un reducido grupo privado durante más de 20 años: “Yo creo que lo mejor es que tengamos una verdadera empresa del Estado dedicada a los Talleres Gráficos que produzca la gran mayoría de la papelería electoral a precios totalmente transparentes, con su consejo de administración”, subrayó.
De acuerdo con reportes emitidos durante el espacio informativo, estas corporaciones privadas fungían habitualmente como simples intermediarias que carecían de trabajadores propios y subcontrataban la producción, una práctica detectada tanto en el Instituto Nacional Electoral (INE) como en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) desde 1999. Al respecto, la presidenta remarcó que el movimiento no solapará irregularidades: “Nosotros venimos de luchar contra la corrupción y los privilegios. Si vemos que se presentó una situación, no vamos a decir: ‘No, pues no se presentó’, porque no podemos regresar a ese régimen de corrupción y privilegios dentro del INE”.
Asimismo, en la sección Detector de Mentiras se desmontó la narrativa conservadora sobre el nombramiento de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, recordando que su designación derivó de un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados y no de una decisión partidista, ante lo cual Sheinbaum consideró que traicionó la confianza popular. La jefa de Estado exigió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) efectúe una revisión profunda e integral de más de 20 empresas irregulares y de gestiones previas en el árbitro electoral, señalando antecedentes como liquidaciones millonarias, fideicomisos, polémicas construcciones, la destrucción de boletas en 2006 y las denuncias de compra del voto en 2012.
