El Senado de la República ha clausurado un salón de belleza que operaba dentro de sus instalaciones desde hace un año, generando polémica y cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos. La noticia ha revivido el debate sobre los gastos considerados como "necesarios" para el funcionamiento de la cámara alta.

La clausura del establecimiento, que aparentemente ya había cerrado sus puertas en 2018, se produjo tras una serie de críticas y reportes periodísticos. La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, defendió la existencia del salón argumentando que representaba un espacio de apoyo tanto para legisladoras como para legisladores. "No es nada fuera de lo normal", afirmó Castillo, intentando justificar su funcionamiento. Sin embargo, la justificación no ha logrado aplacar las críticas de la oposición y de diversos sectores de la sociedad que consideran este tipo de servicios como un privilegio innecesario.

La controversia se centra en la asignación de recursos para servicios que, según algunos, deberían ser cubiertos individualmente por los senadores. La reapertura del salón, tras su supuesto cierre en 2018, ha levantado suspicacias sobre la transparencia en la gestión de los recursos del Senado. Este caso se suma a otros señalamientos sobre gastos y privilegios que han afectado la imagen del poder legislativo.

Se espera que en los próximos días se realice una investigación para determinar la legalidad y justificación de la operación del salón de belleza, así como el origen de los fondos utilizados para su mantenimiento. La situación ha puesto a la Mesa Directiva en una posición delicada, obligándola a rendir cuentas y a reconsiderar la pertinencia de ciertos servicios ofrecidos a los legisladores.