Una extensa filtración de documentos expone, por primera vez, la magnitud del uso indebido que Rusia hace del sistema de la Interpol. La información detalla cómo el Kremlin solicita la detención de opositores políticos a través de alertas internacionales, socavando la integridad de la organización policial.

Una investigación periodística, basada en documentos filtrados, ha sacado a la luz el modus operandi de Rusia para abusar de los mecanismos de la Interpol en su persecución de disidentes políticos que residen en el extranjero. El esquema implica la emisión de 'notificaciones rojas', solicitudes de arresto preventivo con fines de extradición, contra individuos críticos con el gobierno de Vladimir Putin. Estas solicitudes, a menudo basadas en cargos fabricados o motivados políticamente, buscan intimidar y silenciar a los opositores, limitando su libertad de movimiento y exponiéndolos al riesgo de detención en países donde la Interpol tiene jurisdicción.

La filtración revela una serie de casos concretos en los que el gobierno ruso habría utilizado la Interpol para hostigar a activistas, periodistas y exiliados políticos. Los documentos incluyen comunicaciones internas de la Interpol que evidencian preocupaciones sobre la validez de las acusaciones presentadas por Rusia, así como solicitudes de información adicional que, frecuentemente, no son atendidas o se responden con información incompleta o tendenciosa. La falta de transparencia y la dificultad para verificar la información proporcionada por Rusia dificultan la labor de la Interpol y la exponen al riesgo de ser utilizada como herramienta de represión política.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado repetidamente el abuso del sistema de la Interpol por parte de Rusia y otros países con historiales cuestionables en materia de derechos humanos. Instan a la Interpol a reforzar sus mecanismos de control y verificación para evitar que se convierta en cómplice de la persecución política transnacional. La filtración actual refuerza estas preocupaciones y subraya la necesidad de una reforma urgente para proteger a los opositores políticos y salvaguardar la integridad de la organización policial internacional.