El presidente renunciante de Paraguay, Santiago Peña, solicitó un plazo de 72 horas para preparar su defensa ante el proceso de juicio político que enfrenta. Esta decisión ocurre en un contexto de fuerte movilización popular y despliegue policial en Asunción tras la crisis desatada por Ueno Bank.
De acuerdo con reportes informativos, el mandatario paraguayo argumentó que no cuenta con el tiempo suficiente para revisar las pruebas presentadas en su contra. Mientras tanto, el titular del Congreso, Basilio Núñez, se encuentra evaluando dicha solicitud en conjunto con los líderes de las distintas bancadas parlamentarias para definir los pasos a seguir dentro del poder legislativo.
La inestabilidad institucional se profundizó luego de que la bancada colorada decidiera dejar sin cuórum la sesión legislativa que tenía como propósito principal tratar la renuncia de Peña al máximo cargo del Ejecutivo. Con esta maniobra, el mandatario continúa formalmente en funciones, a pesar del rechazo manifestado en las calles por sectores sociales inconformes con el manejo de la crisis.
Los acontecimientos en Asunción reflejan una profunda descomposición del pacto político tradicional frente a las demandas de transparencia y justicia social de la ciudadanía. La permanencia temporal de Peña en la presidencia evidencia las tensiones entre las élites partidarias y la exigencia popular de rendición de cuentas ante los escándalos económicos recientes.
