La estructura administrativa del Instituto Nacional Electoral (INE), consolidada desde 2014, continúa generando controversia debido al elevado costo de su nómina. Los altos salarios de funcionarios de mandos medios y superiores, sumados a un extenso paquete de prestaciones, son el principal factor de este gasto.

Desde su creación, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha enfrentado críticas persistentes por la rigidez de su estructura administrativa y, en particular, por el considerable costo de su nómina. El origen de este problema se encuentra, principalmente, en la política salarial que beneficia a los mandos altos y medios de la institución, quienes perciben remuneraciones significativamente superiores al promedio del sector público.

Aunado a los sueldos elevados, el INE ofrece a sus funcionarios un amplio abanico de prestaciones y beneficios adicionales, que incluyen seguros de gastos médicos mayores, vales de despensa, bonos por productividad, y otros incentivos. Estas erogaciones complementarias, si bien justificadas por algunos como necesarias para atraer y retener talento especializado, contribuyen de manera importante al encarecimiento de la nómina.

La controversia en torno al gasto del INE se intensifica en contextos de austeridad y recortes presupuestales en otros sectores del gobierno. Si bien el instituto argumenta que su presupuesto es esencial para garantizar la transparencia y la legalidad de los procesos electorales, la ciudadanía y algunos actores políticos exigen una revisión exhaustiva de su estructura administrativa y una mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos.