Un juez ha ordenado la liberación de José Luis A.C., propietario del crematorio Plenitud en Acapulco, Guerrero, donde en 2015 se descubrieron 386 cuerpos almacenados en condiciones insalubres. La decisión judicial ha generado indignación y controversia, argumentando que las imputaciones se consideran fallas administrativas y no delitos.

La polémica liberación de José Luis A.C. ha encendido el debate sobre la justicia y la responsabilidad en el manejo de restos humanos en México. En 2015, el hallazgo de 386 cadáveres en el crematorio Plenitud conmocionó a la opinión pública, revelando prácticas negligentes y la aparente falta de control sanitario en este tipo de establecimientos. Tras años de litigio, un juez determinó que las acciones de José Luis A.C. no configuran un delito, sino irregularidades administrativas.

Esta resolución ha provocado fuertes críticas por parte de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos, quienes consideran que se perpetúa la impunidad y se minimiza la gravedad de la situación. Argumentan que el almacenamiento indebido de cuerpos, sin la debida identificación y respeto, representa una violación a la dignidad humana y un obstáculo para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. La controversia se centra en si la acumulación de cuerpos, en las condiciones encontradas, constituye una falta administrativa subsanable o un delito que amerita una sanción penal.

La liberación del propietario del crematorio Plenitud plantea interrogantes sobre la regulación y supervisión de este tipo de establecimientos en México. La falta de claridad en las leyes y la debilidad en la aplicación de las normas sanitarias podrían estar contribuyendo a la repetición de casos similares. La exigencia de una investigación exhaustiva y una revisión de los protocolos de manejo de restos humanos se intensifica ante la percepción de que la justicia no ha sido impartida en este caso.