La decisión del gobierno mexicano de explorar el fracking ha encendido un debate nacional, exponiendo profundas divisiones dentro de la coalición Morena-PT. El cambio de postura, motivado por la necesidad de aumentar la producción de gas, ha desatado críticas y llamados a una regulación estricta.

El gobierno federal, liderado por Claudia Sheinbaum, ha generado un sismo político al reconsiderar el uso del fracking, una técnica previamente rechazada, como una vía para impulsar la producción de gas natural. Este giro estratégico busca disminuir la dependencia de las importaciones desde Estados Unidos, que actualmente representan más del 70% del consumo nacional. La necesidad de asegurar el suministro energético, especialmente durante los inviernos texanos que exponen la vulnerabilidad del país ante fluctuaciones de precios y desafíos logísticos, ha impulsado esta controversial medida.

Sin embargo, la decisión no ha estado exenta de críticas y ha provocado una visible fractura dentro de la coalición gobernante. Diputados y senadores de Morena y el Partido del Trabajo (PT) han manifestado su oposición, argumentando los potenciales riesgos ambientales asociados al fracking, como el consumo intensivo de agua, la emisión de metano y la posible contaminación de acuíferos. En contraste, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ha respaldado la política de Pemex, enfatizando la importancia de criterios técnicos rigurosos y medidas de mitigación ambiental.

El éxito de esta estrategia, y la cohesión de la coalición, dependerán de la implementación de un marco regulatorio robusto y transparente. Este marco deberá abarcar tres aspectos fundamentales: el ambiental-social, con estudios de línea base de agua y calidad del aire, consulta social y penalizaciones por fugas de metano; el técnico-operativo, con estándares de integridad de pozos, gestión de fluidos de retorno, trazabilidad de químicos y medición certificada de emisiones; y el económico-contractual, que asegure la viabilidad y el cumplimiento de las normas. La capacidad del gobierno para articular estas capas será crucial para avanzar en la explotación de yacimientos no convencionales sin comprometer el medio ambiente ni la estabilidad política.