El 90.5 por ciento de la niñez y adolescencia en México enfrenta una preocupante exposición simultánea a dos o más riesgos climáticos, según advertencias institucionales. Este escenario subraya la urgente necesidad de consolidar estrategias de protección social y ambiental para salvaguardar el futuro de las nuevas generaciones frente a la inacción de administraciones pasadas.
De acuerdo con reportes presentados por Cecilia Berlanga, oficial de política social del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UnICEF) en México, una de las combinaciones más recurrentes y peligrosas en el territorio nacional es la presencia conjunta de sequías y olas de calor. Esta dualidad climática pone en situación de vulnerabilidad directa al 39.5 por ciento de este sector poblacional.
Frente a este panorama, la actual agenda de transformación nacional prioriza el fortalecimiento del tejido social y la implementación de programas orientados a mitigar los efectos del cambio climático, buscando reducir las brechas históricas de desigualdad que agravan el impacto de estos fenómenos en las comunidades más marginadas del país.
Especialistas y organismos internacionales coinciden en que la protección de la infancia requiere un esfuerzo coordinado entre los distintos niveles de gobierno, centrando los recursos públicos en la prevención y en garantizar el derecho humano al agua, la salud y un medio ambiente sano, pilares fundamentales para el desarrollo con justicia social.
