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Habrá vivienda social para la población más vulnerable: Sedatu

▲ En el país, 73.6 millones de personas no tienen ingresos que les permitan adquirir un lugar digno para vivir.Foto Jesús Villaseca

Arturo Sánchez Jiménez

 

Periódico La Jornada
Viernes 20 de junio de 2025, p. 11

En México, al menos 73.6 millones de personas están prácticamente excluidas del mercado formal de vivienda al no percibir ingresos por hogar superiores a cinco salarios mínimos, lo que limita su acceso a créditos hipotecarios públicos o privados. Ante esta realidad, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) prepara las nuevas reglas de operación del Programa de Vivienda Social (PVS) para el ejercicio fiscal 2025, con el objetivo de atender a la población más vulnerable.

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) estima que el rezago habitacional afecta a millones de personas que viven en viviendas con materiales precarios, sin excusado o en condiciones de hacinamiento. Este fenómeno se concentra principalmente en zonas rurales: casi la mitad del rezago (47.9 por ciento) se localiza en comunidades hasta de 2 mil 500 habitantes, de acuerdo con el anteproyecto de las reglas de operación, disponible en el portal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

Las entidades con mayores niveles de atraso son Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tabasco, donde más de la mitad de la población habita en condiciones inadecuadas. En total, en estos estados se ubican más de 2.6 millones de viviendas en rezago, situación estrechamente ligada a los altos niveles de pobreza por ingresos. En contraste, entidades como la Ciudad de México o Nuevo León presentan menor retraso debido a mayores niveles de ingreso.

El PVS priorizará la atención a indígenas, afrodescendientes, adultos mayores, jefas de familia, jóvenes, personas con discapacidad y afectados por desastres naturales. La estrategia buscará disminuir la desigualdad territorial mediante la construcción, mejoramiento o ampliación de viviendas en zonas con rezago en infraestructura y servicios.

Las nuevas reglas de operación –cuyo proyecto ya fue aprobado por Conavi y firmado por la titular de la Sedatu, Edna Elena Vega Rangel– establecerán los criterios de elegibilidad.

Los potenciales beneficiarios deberán acreditar su identidad, residencia, ingresos, composición familiar y la no posesión de otra vivienda. La intención es que los apoyos lleguen exclusivamente a quienes no tienen posibilidad de adquirir una vivienda digna por sus propios medios.

Además, las reglas incluirán una política de corresponsabilidad: los beneficiarios deberán comprometerse a conservar su vivienda en buen estado. Esto implica labores de limpieza, mantenimiento básico y uso adecuado de las instalaciones. También se considera el seguimiento de las viviendas por Conavi y la posible participación de los beneficiarios en talleres de cuidado habitacional.

Con este enfoque, el gobierno busca no sólo reducir el rezago, sino garantizar que el acceso a una vivienda adecuada se traduzca en mejora sostenida en la calidad de vida.

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