Políticas energéticas volátiles convierten a México en una apuesta riesgosa

Los inversionistas requieren horizonte. Inyectar capital en infraestructura energética —plataformas, gasoductos, parques eólicos o solares— implica comprometer recursos por décadas. Pero en México, la política energética se ha ‘reiniciado’ varias veces. “El peor mensaje que le puedes dar a un inversionista es la incertidumbre… en la medida en que somos un país que trata de reconstruirse cada seis años, eso nos resta mucha competitividad a nivel mundial”, agrega Guerrero.

La reforma energética de 2013, impulsada por Enrique Peña Nieto, estableció un modelo de competencia regulada con participación privada en exploración, generación y comercialización. Atrajo capital, tecnología y experiencia internacional. Sin embargo, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ese modelo fue revertido a través de cambios administrativos y legislativos, sin necesidad de derogar formalmente la reforma.

Primero se cancelaron las rondas petroleras y las subastas eléctricas. Luego vinieron las renegociaciones de contratos de gasoductos. A esto siguió la asignación de la operación del megacampo Zama a Pemex, pese a haber sido descubierto por Talos Energy.

La justificación fue que el yacimiento cruzaba un bloque de Pemex y debía unificarse. El consorcio privado quedó marginado del control operativo y redujo su participación accionaria. Talos eventualmente vendió su parte al Grupo Carso, de Carlos Slim.

“Lo que cambió (con todos estos ajustes) fue la percepción. Pasamos de ser un país en crecimiento para la inversión a una desilusión en los mercados internacionales”, afirma Guerrero. La consecuencia directa ha sido una contracción de la inversión en exploración, generación e infraestructura. Pero el efecto más profundo ha sido en la confianza.

Jesús Carrillo, especialista en energía y economía, señala que la electricidad vivió una “parálisis regulatoria”, en especial para las renovables. “Vimos la entrada de un nuevo órgano regulador, nuevas disposiciones, menos información energética, y luego la postergación de contratos de interconexión para muchos proyectos”, explica.

En hidrocarburos, la situación fue similar. “Se abandonaron las rondas, que eran el principal mecanismo para adjudicar áreas de exploración y extracción de hidrocarburos. Con ello, también se detuvo la exploración, se frenaron nuevas inversiones y, al no obtenerse los resultados esperados en varios contratos, muchas empresas comenzaron a salir del país”, añadió Carrillo.

La pérdida de atractivo no es solo reputacional. Tiene consecuencias prácticas: menos inversión, menos empleo, menor crecimiento. Y en un contexto internacional donde la relocalización de industrias y la transición energética están reconfigurando cadenas de valor, México corre el riesgo de quedar fuera por falta de certeza legal.

“El sector energético es un precursor de toda la economía. Sin electricidad, no hay manufactura, no hay agroindustria, no hay digitalización. Ningún otro sector puede funcionar sin ella”, advierte Carrillo. Pero para atraer inversiones energéticas se necesita confianza en las reglas.

Esa confianza también ha sido erosionada desde el frente judicial. Durante el sexenio anterior, los tribunales federales fueron el principal contrapeso ante medidas regulatorias impugnadas por el sector privado. Pero la reforma al Poder Judicial ahora plantea incertidumbre sobre si seguirá existiendo un árbitro independiente frente al Ejecutivo y al Legislativo.

“Yo lo que veo es que perdimos el país hace un par de años con la sobrerrepresentación y la cancelación de muchos proyectos, pero la pérdida más profunda es la del Poder Judicial”, advierte Guerrero.

El socio de la firma legal advirtió que, más allá de la salida de jueces y funcionarios con trayectorias relevantes —aun con sus imperfecciones—, la pérdida más grave ha sido la desaparición del contrapeso natural frente a las decisiones del Poder Ejecutivo y del Legislativo.

En un país donde la vía judicial ya no es percibida como independiente, los inversionistas recurren al arbitraje internacional. México es parte de múltiples tratados de inversión que permiten presentar controversias ante cortes arbitrales, pero incluso esa vía podría ser insuficiente si el entorno interno sigue degradándose.

“Si perdemos también el bastón del arbitraje –hoy garantizado por el T-MEC–, yo creo que perdemos definitivamente el país”, sentencia Guerrero. “En cualquier democracia, el costo de no tener un Poder Judicial fuerte es demasiado alto. Y lo vamos a terminar pagando durante muchas generaciones”.