De acuerdo con un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en Proyectos México (Banobras, 2024), en 2025 se identifican 513 proyectos bajo el esquema de Asociación Público-Privada. La mayoría de los proyectos se encuentra en fase de ejecución y operación, del total, el sector transporte concentra 243, seguido de hidrocarburos con 109 y electricidad con 80 proyectos.
En contraste, áreas como agua y medio ambiente, telecomunicaciones, infraestructura social, inmobiliario y turismo registran una participación menor con 32 proyectos en total.
“Esta concentración sugiere que las condiciones actuales favorecen iniciativas con esquemas de ingresos más claros para el capital privado, en el caso de transporte y energía. También corresponde a las áreas de priorización que se han observado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y cuenta pública en los últimos 10 años, lo que confirma una alineación de proyectos con las estrategias de inversión del sector público”, detalló Leslie Badillo, investigadora del CIEP en su análisis.
¿Qué son las APP?
Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son un mecanismo de colaboración entre el sector público y el sector privado para el desarrollo de proyectos de infraestructura y la provisión de servicios públicos. A través de estas asociaciones, el Estado puede aprovechar la capacidad técnica, operativa y financiera del sector privado con el objetivo de mejorar la eficiencia en la ejecución de obras y en la gestión de servicios, sin que ello implique necesariamente una privatización.
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, este tipo de inversiones fueron revisadas y pausadas, su incidencia y presupuesto fue menor en comparación con administraciones pasadas como las que estuvieron a cargo de Enrique Peña Nieto o Felipe Calderón.
Aunque las APP nunca fueron eliminadas formalmente, su presencia en el gasto público se mantuvo limitada. En 2017 representaban apenas el 0.04% del presupuesto de inversión pública federal, de acuerdo el análisis del CIEP.
Para 2025, esa proporción creció a 1.13%, con una inversión de 11,372 millones de pesos. De ese monto, el 77% corresponde a proyectos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), principalmente para rehabilitación de carreteras en 10 entidades.
La actual administración ha mostrado un mayor interés y apertura para la inversión privada, en vista de un ritmo más moderado en la generación de ingresos por venta de petróleo, y presiones al gasto como el pago de la deuda y pensiones.
La investigadora del CIEP refiere que este tipo de financiamiento de infraestrutura y servicios públicos es importante en momentos de restricción fiscal porque incentiva la inversión del sector privado en la construcción de obra pública.
Gilberto Lozano Meade, socio director de Roland Berger México consideró que la apertura a la inversión privada en esta administración es positiva, no obstante, imperan los proyectos de infraestructura, sin ampliar el portafolio de proyectos que tiene el gobierno para que el sector privado participe en estos.
Mientras, crece la necesidad de infraestructura para el tratamiento y uso de agua, en vista del deterioro ambiental, y la relacionada con energías renovables y telecomunicaciones.
El tema del agua podría sofisticarse más,claramente la captación de agua es un punto crítico. Hay muchos pendientes de infraestructura y ahí sí habrá que explorar las mejores maneras de hacerlo. El tema de la necesidad hídrica a futuro y de cómo va a estar hacia adelante, pues no era un tema del que hubiera mucha experiencia en el pasado.
Lozano destacó que en conjunto con la iniciativa privada se puede explorar el tema de la captación y distribución de agua, además de que los privados puedan participar para solucionar problemas como el desperdicio, el cual se relaciona con el riego.
“Una política pública integral debe contemplar mecanismos presupuestarios más flexibles que permitan la participación privada en sectores estratégicos con menor rentabilidad directa, pero mayor impacto público”, señala el informe del CIEP.
Hacia 2025, el gobierno federal impulsa una transformación en su estrategia, dando paso a un nuevo esquema de “inversión mixta” que busca ampliar la colaboración con la iniciativa privada para atender las crecientes necesidades del país. La SICT ya anticipa que el 70% de las licitaciones en infraestructura para este año serán públicas, mientras que el resto se asignará por invitación restringida, lo que abre la puerta a una mayor inclusión del sector privado.
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