El primer ministro británico, Keir Starmer, accedió a una de las demandas clave de Bruselas: prolongar durante 12 años el acceso de las flotas pesqueras europeas a aguas del Reino Unido. Esta concesión, vigente hasta permitirá a los pescadores europeos continuar operando más allá del vencimiento del actual acuerdo, previsto para 2026.
A cambio, la Unión Europea se comprometió a relajar los controles sanitarios y fitosanitarios que pesan sobre productos procedentes del Reino Unido o con destino final en Irlanda del Norte. De acuerdo con el medio El País, el entendimiento contempla una «alineación dinámica» con las normas alimentarias europeas, así como un papel del Tribunal de Justicia de la UE para supervisar su implementación.
¿De qué va el acuerdo?
El documento base es un Entendimiento Común que sienta las bases de cooperación en temas técnicos, comerciales y de movilidad. En el centro del acuerdo figura el tema pesquero, uno de los más conflictivos durante las negociaciones del brexit. El Reino Unido accedió a extender por 12 años el acceso de embarcaciones comunitarias a sus aguas, una medida que el gobierno justifica como parte de una estrategia más amplia para “reconstruir puentes” con sus vecinos.
La decisión fue duramente criticada por sectores conservadores. La líder tory, Kemi Badenoch, acusó al gobierno de «entregar nuestras aguas» y escribió en X que “doce años de acceso a las aguas británicas es tres veces más de lo que quería el gobierno […]. Nos estamos convirtiendo de nuevo en una nación obediente a las reglas de Bruselas, algo muy preocupante”.
El Ejecutivo británico respondió con el anuncio de una inversión de 430 millones de euros para modernizar la flota pesquera nacional y fortalecer las comunidades costeras. “Esta es una decisión pragmática y orientada al largo plazo”, dijo un portavoz del gobierno. “Garantiza estabilidad a nuestras relaciones exteriores sin renunciar a la soberanía nacional”.
El segundo gran eje del acuerdo es el pacto SPS, que implica una flexibilización de los controles sanitarios y fitosanitarios sobre los productos alimentarios británicos exportados a la UE. El nuevo modelo reducirá la carga burocrática para los productores del Reino Unido, que desde el brexit enfrentaban barreras costosas y complejas para ingresar al mercado europeo.
A cambio, Londres aceptó alinearse con ciertos estándares regulatorios europeos en materia alimentaria y reconoció el papel del Tribunal de Justicia de la UE como árbitro en casos de incumplimiento.
Ambos bloques acordaron negociar un programa para jóvenes de 18 a 30 años que facilite estancias de estudio, trabajo o voluntariado. El esquema requerirá visado y tendrá límites de edad y duración. Starmer descartó la libre circulación plena, pero se declaró dispuesto a “un plan limitado de movilidad juvenil” que “permita a algunos británicos y europeos aprender y trabajar lado a lado».
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