El capítulo laboral del T-MEC dependerá de la Reforma Judicial y el trabajo forzoso en 2026

Desde su firma en 2018, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) incorporó un capítulo laboral que llevó a diversas reformas a favor de los trabajadores de los tres países. Para los exnegociadores mexicanos, los avances en derechos en México, incluyendo los aumentos al salario mínimo, están estrechamente vinculados con el tratado.

A pocos meses de la revisión formal en 2026, exnegociadores y especialistas coinciden en que México ha avanzado en la implementación de reformas estructurales, pero enfrenta nuevos retos.

Ricardo Aranda, quien encabezó las mesas laborales y ambientales del tratado, asegura que el empoderamiento del trabajador fue el eje del rediseño laboral, cristalizado en la reforma al sistema de justicia y en el respeto a la libertad sindical.

Por su parte, Juan Carlos Baker, exsubsecretario de Comercio Exterior, resalta que el capítulo 23 del T-MEC permitió que los incumplimientos laborales tengan consecuencias comerciales reales. Solo un par de casos han llegado a panel de más de 30 solicitudes, lo que indica que México ha sido receptivo a las preocupaciones, subrayó.

Trabajo forzoso, ¿cuestión crítica o pendiente menor?

Uno de los temas que podría tomar relevancia en la revisión es el combate al trabajo forzoso. Aunque México implementó en 2023 una medida para restringir importaciones ligadas a esta práctica, Aranda considera que aún se necesita mejorar en la identificación y retención de productos vinculados a violaciones laborales.

En contraste, Baker advierte que, aunque no se han documentado casos formales en México, “las disciplinas ya existen en el Tratado” y podrían generar presión si Estados Unidos considera que no se están cumpliendo.

Ambos coinciden en que la cooperación internacional será vital para mejorar la capacidad institucional de México. Aranda insiste en que el diálogo con las agencias de Estados Unidos y Canadá puede facilitar el aprendizaje técnico y la acción coordinada.

¿Qué buscarán Estados Unidos y Canadá?

El sindicalismo estadounidense, pieza clave para la aprobación del tratado en el Congreso, volverá a jugar un rol determinante. Según Baker, es probable que los sindicatos de Estados Unidos presionen para ampliar la lista de industrias prioritarias sujetas al mecanismo de respuesta rápida y para eliminar requisitos burocráticos que limitan su aplicación. Esta presión podría derivar en una expansión de las facultades de supervisión laboral estadounidense en México.

En este contexto, Aranda prevé un posible endurecimiento de las reglas de origen y una mayor exigencia del valor de contenido laboral, lo cual podría transformar al T-MEC en un régimen de comercio más administrado.

Cumplir con el tratado a pesar de la Reforma Judicial

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico en el IMCO, aseguró que la clave para México será convencer a Estados Unidos de que ha cumplido con la reforma laboral.

Además, señaló que los centros de conciliación y los nuevos tribunales deben operar con independencia y eficiencia a pesar de la Reforma Judicial que permitirá que los ciudadanos elijan jueces y magistrados en el próximo mes de junio. De eso dependerá que la reforma sea creíble, advierte.

Cabe recordar que, en 2019, México eliminó las Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto a nivel federal como local, y creó Tribunales Laborales, los cuales están a cargo de jueces y juezas que son parte del Poder Judicial.

Ocampo también propuso institucionalizar el mecanismo de respuesta rápida para convertirlo en un sistema bilateral y predecible, al estilo de los mecanismos de solución de controversias para inversionistas.

Además, sugiere que México debería vincular las obligaciones laborales con incentivos de política industrial para fomentar inversión en sectores con altos estándares de empleo.

Y más allá del capítulo laboral, la revisión de 2026 abordará otros asuntos estratégicos. Ocampo menciona que la industria automotriz y los permisos de importación de productos biotecnológicos serán temas sensibles por sus implicaciones políticas.

Además, México deberá responder a preocupaciones sobre propiedad intelectual, piratería, regulación aduanera y medidas sanitarias y fitosanitarias, preocupaciones que ya fueron expresadas por la administración actual del presidente Donald Trump.