Consumo e inversión

A lo largo del segundo y tercer trimestre se ocultará, pero existirá, un enorme desorden en las finanzas públicas dado que se ha perdido el control en la ejecución del gasto y se erogan recursos sin observar ramos, partidas y subpartidas, dando prioridad al peso político que el concepto tenga, o bien, a la presión que el demandante de recursos ejerza sobre los administradores.

El documento que aprueba el Congreso, esto es, el presupuesto de egresos es ya un instrumento meramente formal que no se compadece con lo que sucede en la realidad. La Auditoría Superior de la Federación ha sido incapaz de mostrar, con crudeza técnica, el alejamiento de los controles constitucionales y legales, dejando a los funcionarios hacer, y deshacer, política con los recursos públicos federales, proceder que, en el breve plazo, pasará factura, ya que la escasez pondrá de manifiesto que se paga lo que conviene a la imagen de la administración, y no lo que se debe. La mora oficial en el pago de adeudos hace del gobierno el peor de los clientes. Seguramente no honrará muchos compromisos, más, si ahora no existen juzgados que permitan albergar la idea de que el pago efectuará. El usar a proveedores como fuente de financiamiento ya no será tan fácil, el servicio público lo resentirá bien pronto.

Hace una década se decía que estábamos ‘sobrediagnosticados’, y que, lo que debía hacerse, era ya adoptar medidas correctivas en el modelo de producción y distribución. Hoy, caminamos a ciegas, hacia el entorno complejo y confuso que Trump ha planteado como la independencia comercial de los Estados Unidos de América.

Los políticos, que siempre encuentran donde meter la mano, no han advertido que los mexicanos, particularmente, los menos favorecidos, han venido cambiando radicalmente sus patrones de consumo, y que, todo apunta a una contracción severa en el mismo, concentrándose el poco flujo en lo más elemental. Las mediciones que realiza el Inegi cada día presentan más un sesgo político, acomodando una realidad que se dicta desde el pulpito oficial, de poco o nada sirven sus cifras. De manera soterrada, el encarecimiento drástico de algunos productos, y el desabasto de otros, se aprecia en el punto final de la cadena, pero no se reporta, ni se dimensiona. Tarde o temprano, el asunto se tornará inocultable. La calidad y cantidad de los productos que se expenden han sufrido significativos ajustes, pretendiendo encubrir el aumento de precios, pero tal mecanismo no es infinito, y el consumidor ya percibe que le están dando gato por liebre.

El optimismo generalizado en el sector público se desgastará muy rápidamente, y para la mala suerte de los funcionarios llegará al punto crítico en la antesala de la elección intermedia. Por más que se diga al trabajador que gana más, y que la evolución del salario mínimo es histórica, éste ya advirtió que la inflación real, no la oficial, ha hecho estrago en su poder de compra, y que claramente, todos, estamos peor que hace 10 años.

El primer problema será la deuda pública, ya que ésta vez no habrá forma de emplearla para salir del bache, y lo más que podrá Hacienda lograr es refinanciar, a costos exagerados, los vencimientos por venir. El desastre que heredó Ramírez de la O es ya motivo de preocupación en el sector financiero. Es de insistir, medir la deuda como producto del PIB, sólo sirve en la medida de que el gasto comprometido es poco significativo, pero inútil tratándose de países como el nuestro en el que tal monto supera ya el 80% del ingreso oficial.

Son tan malos los instrumentos de medición que el gobierno pone a disposición del público, que no sabemos si éste ya se acerca al 100%, o si los programas sociales comenzarán a generar un déficit, absorbiendo éstos una demanda de recursos sensiblemente superior al ingreso proyectado. La gasolina no ha tenido el tradicional efecto en el alza de precios, dado que ese componente se ha atenuado por el ya descarado contrabando que se cobija desde el poder, sabiendo que la cobertura de la demanda, por esa vía, permite amortiguar el incremento en cascada de precios. Ello, aparte de que permite encubrir la incapacidad de Pemex para surtir el mercado nacional.

Así es, cada peso que se coloca de deuda no tiene fuente de pago identificado, gracias a que la ASF no ha puesto cuidado, desde hace años, en establecer mecanismos que permitan asociar la emisión de deuda pública con el concepto de ingreso con el cual ella se cubrirá. Hoy, el desorden es de tal magnitud, que ya no es posible determinar con precisión el monto de deuda no respaldada o no acorde al marco constitucional.

El consumo ya muestra una tendencia preocupante, por lo que emplearlo como ancla de la estabilidad y del crecimiento resulta poco serio. Es claro que el mexicano ha abandonado lujos y gustos, pero pronto tendrá que reducir la demanda de algunos productos que necesariamente se encarecerán por la extraña dinámica que se ha establecido en el comercio exterior. Antes de que la SHCP haga el cálculo del precierre financiero en agosto, ella verá cómo su expectativa no sólo es irreal, sino peligrosamente engañosa.

Ahora bien, lo que no hay que esperar para registrar, como las pérdidas, es la caída en la inversión, tornándose obligado el dejar de considerar en éste rubro a lo que son prestamos disfrazados. En el país no existe una firma legal seria que pueda emitir una opinión legal favorable al entorno de seguridad jurídica para las inversiones, y lo que ha venido llegando es producto obligado de compromisos previos a la barbarie judicial en la que vivimos. Se mantiene el flujo en ánimo de no perder lo ya invertido, pero el congelamiento del rubro es innegable, y lejos de ser motivo de respaldo a una cifra de crecimiento del PIB, es foco rojo que debió promover un programa preventivo de recortes presupuestarios.

Los precriterios se pensaron y diseñaron para mandar señales de certeza y tranquilidad, respecto a la responsabilidad con la que el gobierno se comportaría a lo largo del ejercicio, anticipando cifras que dieran cuenta de un análisis profundo, realista y serio del porvenir económico en el corto plazo, lo publicado es exactamente lo contrario.

Para cuando el sector privado produzca un análisis objetivo del consumo y la inversión ya será demasiado tarde, la inflación se nos habrá ido de las manos, y las tasas de interés se habrán ajustado drásticamente a la realidad. El grosero optimismo del sector gubernamental, que no ha caído en cuenta de que el anuncio de aranceles es un frágil acuerdo que forma parte de la política de desgaste que practica Trump, se pagará caro, cuando él diga una cosa y pase otra en las aduanas. El anuncio sólo dice que implantará una compleja política de “calificaciones” que le dará el control subjetivo de lo que allá ingresa.

Es decir, el trato que Trump dará a México no es mejor que el dado a la Unión Europea, sino diferente, y está diseñado para dar flexibilidad a Washington, a efecto de asegurar la provisión y suministro de insumos esenciales, sin soltar la capacidad de incidir en el control de las importaciones, esto es, Trump aprendió que no nos puede cerrar la puerta como a los europeos, al tener cadenas más que integradas, por lo que la frontal receta aplicada otros países podría afectarle. La lógica que está detrás de la diferencia permite administrar, apretando, o relajando, casuísticamente. Si precisa que entren algunas mercancías relajará en aduana su ingreso, y si no requiere de alguna otras, apretará la restricción, esto es, nos aplicará un manejo control administrativo, no regulatorio, que se operará dependiendo de lo que pida la industria americana. Sí, se equivocan quienes piensen que nos trató mejor.