¿En qué consistió el espionaje?
El medio brasileño UOL informó el lunes que la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) espió a funcionarios paraguayos durante el inicio del gobierno de izquierda de Lula, quien asumió en enero de 2023. Según la investigación, la operación habría sido aprobada por Luiz Fernando Correa, el actual director de la ABIN, nominado por Lula.
Inicialmente, el gobierno brasileño rechazó “categóricamente cualquier implicación en la acción de inteligencia” y aseguró que, de existir tal espionaje, habría sido autorizado durante la gestión de Bolsonaro (2019-2022), según un comunicado de la cancillería.
No obstante, medios brasileños reportaron que el objetivo del espionaje era conocer la postura de Paraguay en la renegociación del tratado de Itaipú, que establece las condiciones y precios del suministro de electricidad entre ambos países. Según estas versiones, la ABIN habría hackeado computadoras de instituciones paraguayas para acceder a información clave sobre la posición de Asunción en las negociaciones.
El escándalo se enmarca en una investigación de más de un año de la Policía Federal de Brasil sobre la existencia de una “ABIN paralela” durante el gobierno de Bolsonaro, acusada de realizar espionaje ilegal a figuras políticas y periodistas dentro de Brasil.
Impacto en la relación bilateral
La respuesta de Paraguay no tardó en llegar. El martes, el gobierno del presidente Santiago Peña convocó al embajador brasileño en Asunción para exigir explicaciones y llamó a consultas a su representante diplomático en Brasilia.
“Todas las negociaciones sobre Itaipú quedan suspendidas hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción de Paraguay”, declaró el canciller Rubén Ramírez en una rueda de prensa.
El miércoles, el embajador paraguayo en Brasil informó a su canciller sobre la “acción de inteligencia” y ambos acordaron mantener un “monitoreo constante” del caso, según una nota oficial.
Si bien Paraguay no responsabiliza directamente a Lula, la operación de espionaje “estuvo activa en su gobierno”, señaló a la AFP una fuente gubernamental paraguaya. Asunción exige respuestas sobre la duración y los objetivos de la operación, los métodos utilizados y las instituciones afectadas.
Carlos Mateo, exsenador paraguayo y exdirector de Itaipú, afirmó que “las circunstancias son turbias y confusas, todavía no hay mucha claridad al respecto”.
El escándalo también ha generado sorpresa entre expertos en relaciones bilaterales. “Es una confesión extremadamente embarazosa para Brasil”, opinó el exdiplomático brasileño Paulo de Almeida en declaraciones a la AFP. “Representa una quiebra de confianza en las relaciones entre los gobiernos (…) en medio de un proceso difícil de renegociación”.
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