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Ministro que frenó el Plan B de la Reforma Electoral fue detenido por conducir en estado de ebriedad

El ministro de la SCNJ Javier Laynez Potisek , quien otorgó una suspensión el Plan B para frenar la reforma a las leyes secundarias en materia electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue detenido por conducir en estado de ebriedad en 2021.

La tarde de hoy, se dio a conocer la noticia de que el Ministro  de la SCJN Javier Laynez Potisek otorgó al Instituto Nacional Electoral una suspensión al llamado Plan B para frenar su aplicación por tiempo indefinido. En un comunicado de la Suprema Corte de Justicia Nacional,  informaron que Ministro Instructor otorgó una suspensión provisional contra todos los artículos del plan B «para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”. Lo anterior significa que se mantienen sin cambios las leyes que estaban vigentes antes de la aprobación de las reformas en el Congreso y el Senado.

Con lo anterior, la reforma a las leyes electorales con las que se pretendía reducir los gastos excesivos de la llamada «burocracia dorada» del instituto electoral no podrán ser aplicadas.

Sin embargo, ha trascendido que el Ministro Javier Laynez, quien tomó la determinación de frenar la reforma, fue detenido por conducir en estado de ebriedad en 2021, lo cual pone en entredicho su sentido de responsabilidad. Asismismo, el funcionario usó su influencias para evadir el castigo correspondiente.

El 9 de octubre de 2021, el ministro fue detenido por autoridades municipales de Tránsito y Vialidad de Torreón, Coahuila, cuando advirtieron que conducía bajo el influjo del alcohol. Por ese motivo, el funcionario de alto nivel del poder judicial fue remitido ante el Ministerio Público local a las 2:09 am. Sin embargo, fue puesto en libertad condicionada pocas horas después, a pesar de que el código penal del estado de Coahuila dicta otras medidas en esos casos.

Según el código penal de Coahuila, se prevé de uno a tres meses de prisión y de 250 a 500 días de multa, o libertad supervisada de uno a tres meses y de 250 a 500 días de multa, a quién conduzca en estado de ebriedad o bajo influjo de narcóticos, sin prestar servicio público.



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