La austeridad republicana es distinta a la austeridad neoliberal

En días recientes el presidente de la república declaró que su gobierno evalúa nuevas medidas de austeridad. Situación que provocó alarmas por parte colegas economistas que no se han dado el tiempo de distinguir entre austeridad neoliberal y austeridad republicana, aun cuando el adelanto anunciado apunta a la reducción de viáticos, gastos de operación y del costo del gobierno. A este respecto, me permito compartir con ustedes, las siguientes consideraciones.

Si bien, las políticas de austeridad fue una de las consignas impulsadas por los gobiernos neoliberales desde la administración de Francisco Gil Díaz como Subsecretario de Hacienda (1988-1994), para este funcionario público y directivo empresarial, la austeridad se dirigía a la reducción de del gasto en inversión y al destinado a los programas de desarrollo social; es decir que,  estaba vinculada a la falta de actividad económica impulsada desde el Estado y a la limitada actuación para revertir las desigualdades económicas en el país.

Situación muy distinta a la que se presenta en el actual gobierno, que valiéndose de una ética económica que tiene como principio el manejo honesto y eficiente del gasto público, desde el año 2018 ha implementado políticas para mejorar la eficiencia en la aplicación de programas dirigidos a la promoción del crecimiento económico y justicia social.

Para muestra se tienen los programas con carácter prioritario impulsados en los últimos años, dirigidos a dotar al país de soberanía energética, autosuficiencia alimentaria y ampliación en infraestructura; y al fortalecimiento de la función social protectora que se ve materializada en 30 programas sociales que favorecen a los sectores más vulnerables de nuestro país. Algo que los neoliberales no entienden, porque para ellos, se trata de recursos que el gobierno “regala” a los más pobres; como si el Estado fuera propiedad de ellos (de unos cuantos), y no la institución social cuya función es velar por todas y todos.

Los signos de la reorientación del gasto público son claros: de 2018 a 2020 (año en el que inicia la pandemia) el crecimiento de la inversión física directa realizada por el sector público es notorio (del orden del 8 por ciento). Tendencia que se ha mantenido en los últimos meses, al punto de que el balance público, considerando la inversión de alto impacto, registró un déficit de 757 mil 789.6 mdp, mayor en 5.5 por ciento al estimado; y 6.0 por ciento real con relación al Balance registrado al cierre de 2020, según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP). Respecto a los programas para el Bienestar, se tiene registro de que éstos cuentan con un presupuesto de 3.4 billones de pesos, dirigidos a atender a la población más vulnerable de nuestro país, inversión que representa alrededor del 50 por ciento del total del presupuesto federal programado en el año 2022.

Lo interesante es que aun con estas erogaciones, los resultados al final del ejercicio fiscal dan cuenta de un manejo dentro de los márgenes de sostenibilidad, pues la deuda pública se redujo. La fórmula es clara: un aumento en los ingresos públicos, que en materia impositiva registraron un 7.6 por ciento por encima de lo presupuestado, y 5.6 por ciento mayor al registrado en el año 2020. Que de por sí, venía creciendo a tasas el orden del 10 por ciento (entre 2018 y 2020), gracias al éxito de la estrategia para aumentar la recaudación de impuestos en más de 30 mil millones de pesos por concepto de pago de impuestos atrasados empresas como como América Móvil (8,289 mdp), Waltmart (8,079 mdp), Femsa (8,790 mdp), IBM (669 mdp) y hasta la minera Fresnillo (4,500 mdp).

Cifras que resultan históricas en un contexto en el cual nuestro pueblo se había acostumbrado a que los ricos pagaran (en términos proporcionales) menos impuestos que los pobres, bajo la falacia de que el pueblo debía apretarse el cinturón, con el fin de sentar los cimientos para un futuro mejor.  Condición que no está por de más decir, se nos había impuesto desde fuera. Y sólo por estas cifras, es fácil entender los tantos dolores de cabeza que esta administración ha provocado a los reaccionarios. Dolores que lamentablemente no se alivian con un analgésico, porque son dolores históricos, dolores de clase.