Durante décadas, el estado de Guanajuato fue una entidad tranquila, caracterizada por una incidencia delictiva muy baja. Su situación geográfica hacia el centro del país, su buena infraestructura carretera y el corredor industrial ligado a la Refinería de Salamanca y la red de ductos e instalaciones petrolíferas y gaseras que atraviezan el estado, le confirieron un gran impulso a su desarrollo y una entidad estratégica que alimenta de energéticos a los estados vecinos y prácticamente a todo el norte y occidente del país.
Con el crecimiento económico y poblacional de varias de sus ciudades aumentaron también problemas de marginación exclusión y seguridad. Más de 30 años de panismo en el gobierno potenciaron esta tendencia pero, como en la mayor parte del país, fue a partir del 2006 que en Guanajuato crece de manera rápida y furiosa.
El homicidio doloso pasó de 207 a 692 en 2012 con una tendencia constante hasta 2017, cuando llegó a 1,096, con la tasa más alta de casos cometidos por arma de fuego: el efecto Calderón. En 2018, con los gobiernos federal y local al garete por el fin de gestión y procesos electorales en curso, este delito se dispara a 3,517 casos.
No obstante estos trágicos resultados, el gobernador entrante, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, ratificó en sus puestos tanto al Secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca Appendini, como al Procurador del estado, Carlos Zamarripa Aguirre. El caso de este último es inusitado y escalofriante. Presunto miembro del Yunque, impulsado y protegido por Vicente Fox y por la DEA, ha estado en el cargo desde 2009 con tres gobernadores y durante casi la mitad del tiempo que lleva el PAN “gobernando” esa entidad.
Para terminar de fregar a los guanajuatenses, en 2019, una reforma promovida por el gobernador lo convierte en fiscal autónomo y le extiende el plazo de gestión hasta 2028.
Los casi 21 mil millones de pesos que ha ejercido Carlos Zamarripa en la procuración de justicia desde entonces no han sido muy eficientes en ningún caso. Con una de las tasas más alta en impunidad, los jueces de Guanajuato tienen 41% menos casos que los del resto del país (1.44 vs 1.33).
Pero no es todo, con un presupuesto anual per cápita superior en más de 6% pero la mitad de los Ministerios Públicos que la media nacional, la fiscalía al mando de Zamarripa tiene otro expediente, más oscuro aún si cabe: la desaparición de personas. Según reporta Alfonsina Silva en Newsweek, de 2015 a 2018 la Fiscalía General de Justicia tenía registradas a 6,829 personas como “no localizadas”; sólo 10 casos como “desapariciones” y 11 judicializados por el Poder Judicial. Sin embargo, la Base Histórica de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas tenía registradas 621 personas como desaparecidas.
Si es ya es grave que no haya registros anteriores, más aún que miles de personas continuen en el limbo de una autoridad ausente, que utiliza un recurso legal para privarlas del derecho humano a la justicia. Y sólo hablamos de quienes se atrevieron a denunciar la ausencia de un familiar. Con un rango de cifra negra cercana al 98%, podemos imaginar cuánta gente no se ha atrevido a denunciar un delito tan grave. Como sabemos hoy por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Beltrán, luego del ataque que costó docenas de vidas en Irapuato, la Guarfdia Nacional descubrió los vínculos de la policía municipal de esa ciudad con la delincuencia organizada. Bastó una intervención del gobierno federal para demostrarlo, algo que el poderoso fiscal no pudo hacer en años.
Otro factor que ha contribuido a exacerbar la violencia tiene que ver con los hidrocarburos, eje de su desarrollo: el robo de combustible, gas y otros petrolíferos. La extensa red de ductos e instalaciones de almacenaje y distribución, que hacen de Guanajuato un gran nodo de intersección y confluencia de hidrocarburos, la relativa facilidad para intervenirlos y autoridades coludidas, facilitaron la formación de organizaciones especializadas, con riesgos mínimos -el principal, mal manejo- y alto flujo de efectivo; el delito ideal. Obviamente comenzó a ser atractivo para las grandes organizaciones criminales. Además, pasaba desapercibido. Las referencias mediáticas eran prácticamente inexistentes, salvo cuando había accidentes, y la impunidad, casi absoluta. Durante el calderonato, creció sostenidamente a un ritmo similar al de la violencia en general.
El sexenio siguiente, el negocio del huachicoleo cobró centralidad y dimensiones industriales. Ya no sólo se trataba de redes de huachicoleros debidamente cubiertos por complicidades; como en todo negocio redondo a gran escala, surgieron los oligarcas. Quien fuera Jefe de Seguridad de Enrique Peña Nieto cuando gobernador, el general Eduardo León Trauwitz, se convirtió en el jefe de Seguridad Industrial de Pemex y desde la unidad de control central del sistema de ductos, con capacidad de monitorear todas las líneas e identificar bajas de presión por fugas, conformó una mafia del huachicoleo a gran escala. Hoy, con la intervención del Gobierno de la República, el general está detenido y acusado de proteger a organizaciones huachicoleras y se redujo la sustracción de combustibles en 92.2%, equivalente a un ahorro de 231 mil millones de pesos anuales.
Las bandas empoderadas con un negocio que floreció al amparo de la Presidencia anterior lo perdieron en un abrir y cerrar de ojos, no sólo en Guanajuato, sino en todo el país, principalmente en Hidalgo, Puebla, Jalisco, Veracruz, estado de México y Tamaulipas, que concentran estos delitos. Son las que hoy se disputan violentamente el control de lo que queda y de los demás negocios sucios. Se desestabilizó una enorme red de complicidades que atravieza lo federal hasta lo municipal, desde los poderes legislativos hasta los judiciales, desde grandes empresarios hasta microempresas y, obviamente, autoridades de seguridad y procuración de justicia. La atonía de las autoridades locales esta en síntoma con su postración ante esas complicidades.
En este contexto, en diciembre de 2019, el flamante gobernador de Guanajuato se dio el lujo de presumir no haber asistido a ninguna de las reuniones del Gabinete de Construcción de Paz en el estado y que no pensaba hacerlo, justo en el mes en que la violencia alcanzó un máximo histórico.
Meses después tuvo que recular y comenzar a colaborar con la estrategia federal. Una colaboración seguramente llena de obstáculos por los intereses coludidos de una clase política que depende, desde hace 30 años, de la delincuencia organizada para mantenerse en el poder. No soprende que los senadores panistas hayan votado en contra de la permanencia de la Guardia Nacional; su interés no es el bien público ni la seguridad de las personas, sino su provecho económico y político.
A pesar de ello, los datos muestran que esa colaboración empieza a dar resultados al registrar, mes a mes, una ligera disminución en el número de homicidios y otros delitos del fuero común, aunque sigue manteniéndose en primer lugar nacional. Queda claro que la Estrategia Nacional de Construcción de Paz avanza incluso ahí donde enfrenta a las estructuras delictivas incrustadas en los gobiernos locales.
Álvaro Delgado. El Yunque La ultraderecha en el poder. Plaza y Janés 2003. https://www.youtube.com/watch?v=Bo4WpnvUMBw
Alfonsina Silva. “Desapariciones en Guanajuato: la otra cara del terror”. Newsweek en español. https://newsweekespanol.com/2019/05/desapariciones-en-guanajuato-la-otra-cara-del-terror1/
Kenia Velázquez et al. “Carlos Zamarripa: el caudillo de la justicia mexicana”. Revista Proceso. 02052021. https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/5/2/carlos-zamarripa-el-caudillo-de-la-justicia-mexicana-263124.html
Fabrizio Lorusso. “Guanajuato: Tendencias de la violencia, las desapariciones y los homicidios”. Brújula Ciudadana. Año 11, Número 111, agosto 2019. https://odim.juridicas.unam.mx/sites/default/files/Guanajuato%20-%20Tendencias%20de%20la%20violencia%2C%20las%20desapariciones%20y%20los%20homicidios%20-%20Fabrizio%20Lorusso.pdf
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Daniela Osorio. “Escalada de violencia letal en Guanajuato”. Nexos, 07092020. https://seguridad.nexos.com.mx/escalada-de-violencia-letal-en-guanajuato/
Inegi. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021 Principales Resultados Guanajuato. Septiembre, 2021. https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/envipe/2021/doc/envipe2021_gto.pdf
López Levi, Liliana. (2002). Los polos de consolidación electoral: el caso del PAN en Guanajuato. Investigaciones geográficas, (48), 116-132. Recuperado en 01 de noviembre de 2022, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-46112002000200008&lng=es&tlng=es.
Axel Chávez. “‘Huachicol’: cuando el hambre perfora las válvulas y acaba la vida”. Pie de Página. 24042022. https://piedepagina.mx/huachicol-cuando-el-hambre-perfora-las-valvulas-y-acaba-la-vida/
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