En el Jalisco naranja de Alfaro desaparecen a los desaparecidos, denuncian familiares de víctimas no encontradas; 3 de cada 4 pesos para instituciones de búsqueda se van al pago de nóminas

En Jalisco, entidad gobernada por Enrique Alfaro, se desaparece a los desaparecidos, de acuerdo con familiares de personas no encontradas, y las instituciones estatales destinadas a la búsqueda de personas no operan como deberían.

A nivel nacional, Jalisco ocupa el primer lugar en desapariciones, de acuerdo con el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición del Estado de Jalisco, al 31 de julio de 2022, hay 13 mil 463, de los cuales 11 mil 612 son hombres y mil 851 son mujeres.

Además, de los casi 464 millones de pesos destinados a la búsqueda de personas, tres de cada cuatro pesos se van en el pago de la nómina de quienes laboran para cuatro dependencias.

Se trata de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD), la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (Cobupej), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVJ), que, en su conjunto, cuentan con un presupuesto total de 463 millones 939 mil 461 pesos y de éstos 313 millones 679 mil 15 pesos se van al pago de la nómina de los funcionarios.

En entrevista con El Sol de México, Martha Leticia García Cruz, cofundadora del colectivo Entre cielo y tierra, denunció que, ante la indiferencia y los largos procesos para buscar a las personas desaparecidas desde el gobierno estatal, las y los familiares han tenido la iniciativa de unirse para hacer sus propias investigaciones y búsquedas.

La madre de César Ulises Quintero, desaparecido en 2017, aseguró que la práctica de desaparecer a los desaparecidos comienza desde el primer momento en que quienes acuden a denunciar una desaparición ante las fiscalías regionales o a las policías municipales reciben amenazas e intimidación directas por parte de los funcionarios. Llegando incluso a ser hostigados en sus domicilios.

Asimismo, afirman que existe una fuerte estrategia de las autoridades estatales para minimizar los casos de desaparición y entorpecer las investigaciones al manipular a las instituciones y las cifras. Con el fin último de que la sociedad no vea el problema y le apueste al olvido.