La campaña electoral en Colombia se ve ensombrecida por un recrudecimiento de la violencia. A menos de un mes de las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas, incidentes de seguridad contra candidatos y denuncias de magnicidio levantan interrogantes sobre las garantías para un proceso democrático justo.

La tensión política en Colombia se intensifica a medida que se acerca la fecha de las elecciones. El 10 de febrero, el equipo de la senadora indígena Aída Quilcué denunció un presunto secuestro que duró varias horas, generando alarma sobre la seguridad de los candidatos en zonas conflictivas. Este incidente se suma a un ataque ocurrido la semana pasada en el departamento de Arauca, frontera con Venezuela, donde hombres encapuchados dispararon contra el vehículo del equipo de seguridad del senador Jairo Castellanos, resultando en la muerte de dos personas.

Estos hechos de violencia se producen en un contexto de creciente polarización y denuncias de amenazas contra figuras políticas. El presidente Gustavo Petro ha alertado sobre un supuesto plan para atentar contra su vida, incrementando la preocupación sobre la estabilidad política del país y las condiciones en las que se desarrollarán las elecciones. La situación ha generado llamados a las autoridades para que garanticen la seguridad de los candidatos y la integridad del proceso electoral.

Para analizar la situación, se consultó a Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Se espera que su análisis ofrezca una perspectiva sobre los factores que impulsan la violencia política y las posibles estrategias para mitigar el riesgo y garantizar unas elecciones pacíficas y transparentes. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos, ante la preocupación de que la violencia pueda socavar la democracia colombiana.