El Parlamento venezolano, bajo control del chavismo, dio luz verde a una ley de amnistía limitada, desatando debates sobre su alcance real y las implicaciones para los denominados presos políticos. La medida se produce en un contexto de creciente presión interna, incluyendo una huelga de hambre de familiares que claman por la liberación de sus seres queridos.

En un movimiento que ha generado reacciones encontradas, la Asamblea Nacional de Venezuela, con mayoría oficialista, aprobó el jueves 19 de febrero una ley de amnistía que, según organizaciones no gubernamentales, deja fuera a un número significativo de personas consideradas presos políticos. La decisión se toma en un momento delicado para el país, marcado por una profunda crisis económica, social y política, y tras años de tensiones y protestas que llevaron a la caída del gobierno de Nicolás Maduro.

La aprobación de la ley se produce en medio de la creciente desesperación de familiares de detenidos, quienes han intensificado sus acciones de protesta, incluyendo una huelga de hambre, exigiendo la liberación de sus seres queridos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmó el instrumento legal y solicitó "máxima celeridad" en el estudio de los casos que no fueron incluidos en la amnistía inicial, lo que sugiere una posible revisión futura de la medida.

Sin embargo, diversas ONG han criticado la ley, argumentando que su alcance es limitado y que excluye a cientos de personas que consideran injustamente encarceladas por motivos políticos. La controversia en torno a la amnistía pone de manifiesto la complejidad de la situación política en Venezuela y la necesidad de un diálogo amplio e inclusivo para lograr una reconciliación nacional genuina. La efectividad de la ley y su impacto en la liberación de presos políticos serán cruciales para evaluar su verdadero alcance y su contribución a la estabilidad del país.