Donald Trump ha provocado una nueva ola de indignación en Dinamarca tras designar a Jeff Landry, gobernador republicano de Luisiana, como enviado especial para Groenlandia. Esta medida revive las recurrentes intenciones del expresidente estadounidense de adquirir la isla, territorio autónomo bajo soberanía danesa, generando fuertes tensiones diplomáticas.

La reciente decisión de Donald Trump de nombrar a Jeff Landry, actual gobernador republicano de Luisiana, como su enviado especial para Groenlandia ha desatado una notable irritación en el gobierno danés, reviviendo un episodio de controversia diplomática. Esta designación se produce en un contexto donde el expresidente estadounidense ha expresado en múltiples ocasiones su interés en anexionar la vasta isla ártica, un territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca y cuya soberanía es un tema no negociable para Copenhague.

La propuesta de compra de Groenlandia por parte de Trump en 2019 fue calificada entonces por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, como "absurda", generando un desacuerdo que incluso llevó a la cancelación de una visita de Estado. La actual designación de un enviado especial es interpretada por Copenhague como una injerencia directa en sus asuntos internos y una señal de que las ambiciones territoriales de Trump persisten, a pesar de las claras negativas. Este movimiento diplomático subraya la sensibilidad geopolítica de Groenlandia, estratégica por su ubicación ártica y sus vastos recursos naturales, lo que la convierte en un punto de interés para diversas potencias globales.

La figura de un "enviado especial" para un territorio extranjero, sin previo consentimiento o coordinación con la nación soberana, es un gesto inusual en la diplomacia internacional y añade una capa de complejidad a las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Dinamarca. Aunque Jeff Landry es un gobernador estatal, su nombramiento por parte de una figura política de la talla de Trump le confiere un peso simbólico considerable. Este desarrollo plantea interrogantes sobre la estabilidad de la región ártica y la manera en que Estados Unidos, bajo ciertas administraciones, podría buscar redefinir sus intereses geopolíticos en territorios con soberanía establecida, provocando reacciones adversas en la comunidad internacional.