La incursión estadounidense en Venezuela ordenada por el presidente sin consulta previa al Congreso ha desatado la alarma en el Capitolio. Legisladores temen que este precedente siente un peligroso precedente, especialmente ante la creciente tensión con Irán.

Tras la operación militar del 3 de enero en Venezuela, orquestada directamente por el presidente de Estados Unidos sin informar ni solicitar la aprobación del Congreso, la preocupación se extiende entre los legisladores estadounidenses. Tradicionalmente, el Congreso ostenta la autoridad final en lo que respecta a la autorización de conflictos armados en el extranjero. La acción unilateral en Venezuela ha generado un profundo debate sobre el papel del poder legislativo en la política exterior y la toma de decisiones sobre el uso de la fuerza militar.

El temor principal radica en la posibilidad de que una situación similar se repita en relación con Irán. Dada la creciente tensión entre ambos países, una eventual intervención militar estadounidense en territorio iraní se vislumbra como un escenario plausible. Sin embargo, la falta de participación del Congreso en la reciente acción en Venezuela alimenta la inquietud de que los legisladores sean nuevamente marginados de un asunto de suma importancia y trascendencia para la nación.

Diversas voces en el Congreso han expresado su malestar y exigen una mayor transparencia y participación en la toma de decisiones sobre política exterior. Argumentan que la Constitución otorga al Congreso el poder de declarar la guerra y que la omisión de este proceso socava el principio de separación de poderes y debilita el control democrático sobre el uso de la fuerza militar. La situación actual plantea serias interrogantes sobre el futuro de la relación entre el poder ejecutivo y el legislativo en materia de política exterior y la necesidad de restaurar el equilibrio constitucional en la toma de decisiones sobre conflictos armados.