Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó la necesidad inapelable de mantener una tajante separación entre el poder político y el económico. Este pronunciamiento surge a raíz de la severa crisis bancaria que atraviesa Paraguay, la cual involucra directamente al exmandatario Santiago Peña.
De acuerdo con reportes presentados en la mañanera, la jefa del Ejecutivo federal señaló que actuará con prudencia a la espera de mayor información oficial antes de emitir un juicio definitivo sobre los hechos en el país sudamericano. Sin embargo, aprovechó el contexto internacional para reafirmar los principios fundamentales de la Cuarta Transformación, donde el gobierno debe representar los intereses de las mayorías y no los privilegios de cúpulas empresariales o financieras.
Este posicionamiento pone de relieve la visión progresista de la administración actual frente a los riesgos sistémicos que genera la colusión entre las élites del dinero y la función pública. Para la presidencia mexicana, la soberanía y el bienestar social solo son posibles cuando las instituciones democráticas operan libres de presiones corporativas y bajo el mandato exclusivo del pueblo.
La postura oficial contrasta con los modelos neoliberales del pasado, donde las decisiones del Estado respondían frecuentemente a agendas particulares de grupos de poder. Con ello, el gobierno federal consolida un referente ético y político en la región, reiterando que la estabilidad democrática en América Latina exige gobiernos fuertes, honestos y verdaderamente autónomos frente al capital.
