A cuatro años de la trágica muerte de Ángel Moreno, un adolescente con discapacidad, dentro del albergue Fabriles del DIF Nuevo León, la sociedad civil alza la voz. Exigen al gobierno de Samuel García la implementación total de la recomendación 148/2025 de la CNDH, que documenta graves violaciones a los derechos del menor.

La exigencia de justicia para Ángel Moreno resuena con fuerza en Nuevo León. Diversas agrupaciones civiles han instado al gobierno encabezado por Samuel García a asumir la responsabilidad que le compete en el caso de este adolescente de 14 años que falleció en el albergue Fabriles, perteneciente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal. La presión se centra en el cumplimiento íntegro de la recomendación 148/2025 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La recomendación de la CNDH, producto de una exhaustiva investigación, señala claras violaciones a los derechos humanos de Ángel Moreno. Se detalla una serie de negligencias y omisiones que contribuyeron al fatal desenlace. Las organizaciones demandan que el gobierno de Nuevo León no solo reconozca estas violaciones, sino que también implemente medidas concretas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

El caso de Ángel Moreno ha evidenciado las vulnerabilidades existentes en el sistema de atención a menores con discapacidad en el estado. Las agrupaciones civiles buscan garantizar que se establezcan protocolos adecuados, se capacite al personal de los albergues y se realicen supervisiones rigurosas para proteger los derechos y la integridad de los niños y adolescentes que se encuentran bajo el cuidado del DIF Nuevo León. El cumplimiento de la recomendación 148/2025 es considerado un paso fundamental para lograr este objetivo.