Un controversial proceso de designación de jueces ha generado indignación en Baja California. Magistrados locales optaron por nombrar a 11 jueces civiles y laborales sin esperar la elección judicial popular programada para 2027, contraviniendo la esencia de la reforma judicial que busca democratizar el acceso al poder judicial.

En una decisión que ha encendido el debate sobre la transparencia y la participación ciudadana en la justicia, magistrados de Baja California designaron a 11 jueces civiles y laborales sin aguardar la elección popular establecida en la reforma judicial. Originalmente, se preveía que en 2027, la ciudadanía tendría la oportunidad de elegir a sus representantes en el poder judicial. Sin embargo, las plazas fueron aprobadas para su apertura, y los magistrados procedieron rápidamente a realizar las designaciones mediante su propio voto, dejando de lado el espíritu democratizador de la reforma.

Esta acción ha sido interpretada por diversos sectores como una violación a la promesa de mayor participación ciudadana en la elección de jueces y una forma de perpetuar el control interno del poder judicial. La reforma judicial, impulsada con el objetivo de brindar mayor legitimidad y transparencia al sistema judicial, se ve socavada por esta decisión que prioriza la designación interna sobre la elección popular.

Las implicaciones de esta designación unilateral son significativas. No solo genera desconfianza en el proceso judicial, sino que también plantea interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad de los jueces designados. La falta de un mandato popular podría comprometer la legitimidad de sus decisiones y alimentar la percepción de que el poder judicial responde más a intereses internos que a las necesidades y demandas de la sociedad bajacaliforniana.