El Órgano de Administración Judicial (OAJ) determinó eliminar por completo las reglas destinadas a evaluar el desempeño de 32 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta decisión se da a conocer luego de que la base trabajadora expresara su rechazo mediante protestas y el cierre temporal de juzgados y tribunales.
De acuerdo con reportes periodísticos difundidos por Polemón, la medida inicial del OAJ contemplaba un acuerdo con lineamientos específicos para la evaluación del personal, los cuales generaron inconformidad inmediata en diversos circuitos judiciales del país. La reacción de los trabajadores incluyó movilizaciones y cierres en tribunales para manifestar su desacuerdo con los mecanismos planteados.
Ante este escenario de tensiones laborales y exigencias de diálogo, las autoridades competentes optaron por dar marcha atrás a la normativa prevista, priorizando la estabilidad interna y la escucha a las demandas de las bases trabajadoras que operan cotidianamente el sistema de justicia federal.
Este episodio subraya la relevancia de la participación activa de los trabajadores en la defensa de sus condiciones laborales frente a determinaciones administrativas, en un momento clave donde la transformación de las instituciones de justicia exige sensibilidad social y respeto a los derechos adquiridos del personal.
