Un nuevo acuerdo general emitido por la administración judicial federal ha encendido la controversia sobre la transparencia en los procesos judiciales. La medida, que prohíbe la grabación de audiencias por cualquier medio tecnológico, ha sido criticada por limitar el acceso a la información pública.

El acuerdo general AG-PAJ-002/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de febrero de 2026, establece en su artículo 58 una restricción significativa al acceso a la información durante las audiencias judiciales. Específicamente, el artículo indica: “Ninguna persona que asista a las audiencias podrá grabarlas a través de cualquier medio tecnológico”.

La polémica surge, según el analista Ricardo Guzmán Wolffer, porque la prohibición trasciende la mera retransmisión o grabación externa de las audiencias. Wolffer argumenta que, al impedir la grabación, se limita el acceso a información que debería ser pública, erosionando la transparencia y el escrutinio ciudadano sobre el sistema judicial.

La medida ha generado preocupación entre defensores de la libertad de información y organizaciones de la sociedad civil, quienes consideran que la restricción podría socavar la rendición de cuentas del Poder Judicial. Se espera un debate público en torno a las implicaciones del acuerdo y su impacto en la transparencia judicial en México.