En un clima de fuerte tensión política y presiones externas, Venezuela aprueba una reforma petrolera que ha despertado suspicacias. ¿Estaría el país cediendo a los intereses energéticos de Washington tras los recientes acontecimientos políticos?

El Parlamento venezolano ha dado luz verde a una reforma de la Ley de Hidrocarburos en un momento crucial para el país. Esta decisión se produce en medio de la constante presión ejercida por el gobierno de Donald Trump, cuyo discurso ha incluido la posibilidad de "tomar el control" de los recursos naturales venezolanos. La reciente detención de Nicolás Maduro y la subsiguiente investidura de Delcy Rodríguez en la presidencia han exacerbado la incertidumbre sobre la capacidad del chavismo para salvaguardar sus estructuras frente a la influencia estadounidense.

La reforma, que busca supuestamente modernizar el sector y atraer inversión extranjera, ha sido objeto de intenso debate. Críticos señalan que podría facilitar la injerencia de empresas estadounidenses y ceder control sobre la industria petrolera, históricamente un pilar fundamental de la economía venezolana. La falta de transparencia en el proceso legislativo y la premura con la que se ha aprobado la reforma han alimentado las dudas sobre su verdadero propósito.

Ante este panorama, analistas de América Latina se preguntan si esta reforma responde a una estrategia deliberada para complacer los intereses energéticos de Estados Unidos. La situación política interna, combinada con la agresiva política exterior de la administración Trump, configura un escenario complejo donde la soberanía venezolana y el futuro de su industria petrolera se encuentran en juego.