Israel ha implementado reformas que agilizan la adquisición de tierras en Cisjordania por parte de colonos israelíes, generando fuertes críticas y acusaciones de una anexión paulatina del territorio palestino. La medida permite también la declaración de tierras como “propiedad del Estado”, intensificando la preocupación internacional sobre el futuro de la región.

La reciente aprobación de reformas en Israel, que facilitan la compra directa de tierras en Cisjordania por colonos israelíes, ha encendido las alarmas en la comunidad internacional. Estas medidas, además, permiten que tierras en Cisjordania sean catalogadas como “propiedad del Estado”, abriendo la puerta a una mayor expansión de asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. Críticos y expertos, como Manuel Férez, doctor en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado de Chile, señalan que estas acciones representan un paso más hacia la anexión de facto de Cisjordania, socavando las posibilidades de una solución de dos Estados.

La implementación de estas políticas tiene un impacto directo y significativo en la población palestina, limitando su acceso a tierras y recursos, y restringiendo aún más su desarrollo económico y territorial. La expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania es considerada ilegal según el derecho internacional, y la aceleración de este proceso, facilitada por las nuevas medidas, aumenta la tensión y la inestabilidad en la región. La comunidad internacional ha expresado su preocupación por el deterioro de la situación y la necesidad de retomar las negociaciones de paz.

En un análisis para France 24, Manuel Férez aborda la complejidad de la situación, destacando cómo estas reformas consolidan el control israelí sobre el territorio palestino y dificultan cualquier perspectiva de autonomía para los palestinos. La controversia generada por estas medidas subraya la urgencia de una intervención diplomática que promueva el diálogo y una solución justa y duradera para el conflicto israelí-palestino.