Debate educativo en México
El Partido del Trabajo (PT) propone una reforma radical: prohibir los celulares en las escuelas primarias y secundarias de México. La iniciativa, que busca mejorar la atención y el rendimiento escolar, ha abierto un debate sobre el papel de la tecnología en la educación.
La iniciativa del Partido del Trabajo (PT) para prohibir el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles personales en las escuelas de educación básica ha generado un intenso debate en México. El senador Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del Grupo Parlamentario del PT en el Senado, presentó una reforma a la Ley General de Educación con el objetivo de "recuperar a la escuela como un espacio de atención plena y formación integral". La propuesta, que plantea modificar el artículo 84 de la mencionada ley, establece la prohibición del uso de celulares, tabletas electrónicas, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo móvil personal durante la jornada escolar. Se contemplan excepciones para casos de emergencia o necesidades educativas especiales.
Un punto central de la iniciativa es la autorización al personal docente y directivo para retener los dispositivos móviles de los estudiantes durante el horario escolar, garantizando su devolución al finalizar la jornada. El senador Anaya Gutiérrez argumenta que esta medida responde al uso indiscriminado del celular en las aulas y su impacto negativo en la atención, la convivencia escolar y el desarrollo formativo de los estudiantes. En palabras del legislador, "la escuela debe recuperar su papel como un lugar de reflexión, concentración y desarrollo humano integral". La propuesta busca que la tecnología sea un apoyo, no un sustituto de la interacción y el aprendizaje en el aula.
Sin embargo, la efectividad de la medida ha sido puesta en duda por diversos sectores. Si bien se reconoce la necesidad de abordar el problema de la distracción en las aulas, algunos expertos señalan que la prohibición total podría ser contraproducente, limitando el acceso a herramientas educativas valiosas y dificultando la comunicación en casos de emergencia. El debate continúa abierto, y se espera que la propuesta sea analizada a fondo en el Congreso para determinar su viabilidad y su impacto real en la calidad de la educación en México.



