La decisión de la Fiscalía peruana de archivar la investigación sobre miles de mujeres afectadas durante el régimen fujimorista desata la preocupación internacional. Este fallo judicial pone en entredicho la reparación integral a las víctimas y vulnera los principios fundamentales de justicia.
De acuerdo con reportes periodísticos, la Fiscalía ordenó el cierre definitivo del caso que involucraba a unas 4.000 mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas. Esta medida se tomó con base en una polémica ley que actualmente mantiene un severo enfrentamiento institucional entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia del país andino. Organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos han señalado que esta resolución perpetúa la impunidad y niega el derecho a la verdad y a la justicia para las comunidades más vulnerables, recordando los oscuros episodios de autoritarismo neoliberal que marcaron a la región.
