La urgencia de Ucrania por acceder a los 200 mil millones de euros en activos rusos congelados para financiar su defensa contra la invasión ha chocado con importantes barreras burocráticas y políticas dentro de la Unión Europea. A pesar del llamado de Kyiv para la liberación de estos fondos, la medida ha encontrado una notable oposición, con un actor clave frenando el avance de la iniciativa.

La petición de Ucrania para la utilización de 200 mil millones de euros en activos rusos congelados por la Unión Europea ha puesto sobre la mesa una compleja discusión sobre la financiación de la guerra y la aplicación de sanciones. Kyiv ha insistido en que estos fondos, inmovilizados desde el inicio de la invasión a gran escala, serían cruciales para sostener su esfuerzo bélico y la reconstrucción del país, en un momento donde la ayuda internacional es más necesaria que nunca.

Sin embargo, esta iniciativa, que busca transformar la congelación en una confiscación para beneficio ucraniano, ha encontrado un obstáculo significativo. De acuerdo con informes recientes, Bélgica se ha opuesto firmemente a la medida, generando un freno en el consenso necesario dentro del bloque comunitario. La reticencia belga subraya las profundas preocupaciones legales y financieras que giran en torno a la confiscación de activos soberanos, temores que comparten otras naciones europeas sobre posibles repercusiones en el derecho internacional y la estabilidad financiera global.

Este estancamiento deja a Ucrania en una situación precaria, mientras la guerra con Rusia continúa. La dificultad para movilizar estos fondos, a pesar del amplio apoyo político a la causa ucraniana, refleja la complejidad de coordinar una respuesta unificada y jurídicamente sólida en el seno de la UE. El debate persiste sobre cómo avanzar con los activos rusos congelados, sin sentar un precedente legal peligroso o desestabilizar los mercados, lo que alarga la espera de Kyiv por recursos que considera vitales.