Un revés para la política económica del gobierno colombiano. El Consejo de Estado ha suspendido el aumento del 23,7% al salario mínimo previsto para 2026, una medida decretada por la administración de Gustavo Petro que había generado controversia.

El Consejo de Estado de Colombia, la más alta instancia de la jurisdicción contencioso administrativa, ha emitido una orden que suspende el incremento del 23,7% en el salario mínimo programado para el año 2026. Este aumento, considerado el más significativo del siglo, fue impulsado por el gobierno de Gustavo Petro, reconocido por su orientación de izquierda. La decisión del Consejo de Estado ha suscitado un intenso debate nacional, polarizando opiniones entre el sector laboral y el empresarial.

La medida gubernamental, ahora en suspenso, había sido objeto de fuertes críticas por parte del sector empresarial, que advertía sobre los posibles efectos negativos en la competitividad y la generación de empleo. El economista Luis Fernando Mejía, doctor en Economía, ha analizado las implicaciones de esta suspensión, señalando la incertidumbre que genera para las proyecciones económicas del país y la necesidad de buscar alternativas que equilibren el poder adquisitivo de los trabajadores con la sostenibilidad de las empresas.

El futuro inmediato de la política salarial colombiana queda ahora en manos del gobierno y del propio Consejo de Estado, que deberá evaluar a fondo los argumentos presentados por ambas partes. Se anticipa un proceso de negociación y diálogo social para encontrar una solución que beneficie tanto a los trabajadores como a la economía nacional. La decisión final tendrá un impacto significativo en el panorama socioeconómico de Colombia en los próximos años.