La creciente ola de inseguridad en Sinaloa suma un nuevo capítulo. Familiares de Pablo Osorio Sánchez, raptado en Concordia el 23 de enero, solicitan a la FGR que tome las riendas de la investigación, desconfiando de la capacidad y transparencia de las autoridades estatales.

La privación ilegal de la libertad de Pablo Osorio Sánchez, ocurrida el pasado 23 de enero en Concordia, Sinaloa, ha escalado a un nivel de crisis de confianza en las instituciones locales. La familia de Osorio Sánchez, angustiada por la falta de avances y la percepción de ineficacia en la investigación a nivel estatal, ha formalmente solicitado a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga el caso. La fecha del secuestro coincide con el rapto de diez mineros de la empresa canadiense Vizsla Silver, un incidente que ya había sembrado la alarma sobre la seguridad en la región.

La decisión de pedir la intervención federal se basa en la desconfianza hacia las autoridades estatales, a quienes acusan de posibles omisiones o encubrimientos. Los familiares de Pablo Osorio temen que la cercanía de los presuntos responsables con el poder local obstaculice una investigación imparcial y efectiva. La solicitud a la FGR busca garantizar una investigación exhaustiva y transparente, con el objetivo de dar con el paradero de Pablo Osorio Sánchez y llevar a los responsables ante la justicia.

Este nuevo caso de secuestro agrava la ya tensa situación de seguridad en Sinaloa y pone en entredicho la capacidad del gobierno estatal para garantizar la integridad de sus ciudadanos. La petición a la FGR subraya la necesidad de una intervención federal contundente para combatir la delincuencia organizada y restaurar la confianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública.